La decisión del Tribunal Electoral anunciada anteayer es el banderazo que esperaba López Obrador para endurecer las protestas callejeras que resultaron en el estado de sitio en el que mantiene a la ciudad de México y en el rapto de sus pobladores.

Como anticipamos en artículos anteriores, la ilegalidad y violencia de las acciones del demagogo y sus seguidores irán subiendo de tono hasta que el clamor popular por la intervención de las autoridades crezca hasta hacerse ensordecedor.

La duda es si el gobierno federal está preparado para acatar su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes en el país, como se comprometió el Presidente Vicente Fox el 1º de diciembre del año 2000, y si tendrá el talento para hacerlo en la forma firme pero cuidadosa y serena que se requiere.

Es indispensable empezar por una campaña informativa que aclare con precisión la diferencia entre represión y el uso de la fuerza pública para hacer cumplir la ley que protege los derechos de la ciudadanía para circular libremente por la vía pública, que hoy han sido conculcados por unos cuantos.

La retórica delirante y la repetición de mentiras de AMLO y sus secuaces han hecho creer a muchos que sus actos de mal llamada “resistencia civil y pacífica” son legales y protegidos por la ley que resguarda el derecho de los ciudadanos para expresar libremente sus ideas y protestar por actos de la autoridad.

La campaña explicativa del gobierno federal debe exponer con claridad a la gente qué tipo de manifestaciones son legales y cómo cuando se realizan bloqueos como los que han hecho López Obrador y sus cómplices, que cancelan los derechos de millones, no sólo es necesario que intervenga el poder público sino que es su obligación.

Está claro que la autoridad competente en el Distrito Federal dejó de existir en el momento que el jefe de gobierno capitalino decidió servir sumisamente la causa del demagogo delirante y dejó de lado el desempeño de sus obligaciones más elementales.

La Comisión Permanente del Congreso debiera apresurarse a remover al dócil criado de AMLO, Alejandro Encinas, por rechazar hacer su trabajo, y el Presidente Fox, en pleno uso de sus facultades, debiera remplazar al jefe de la policía y al Procurador de Justicia de la capital por las mismas razones.

Estos cambios por lo menos le permitirían a las autoridades federales neutralizar el uso ilegal que se está haciendo del cuerpo policiaco de la ciudad y de su aparato de administración de justicia, de complicidad y apoyo al demagogo y sus secuaces, y asegurarse que no haya un enfrentamiento al momento de entrar en acción la Policía Federal Preventiva (PFP).

Hay que tener presente la forma impecable en la que la PFP actuó cuando liberó a la Universidad Nacional en febrero del año 2000 después de diez meses del secuestro del campus principal de la UNAM, y cómo se documentó cada una de sus acciones con medios visuales y la participación de fedatarios y agentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es indispensable que estas acciones se adopten una vez que la mayoría de la población esté consciente de la terrible violación que unos cuantos han hecho de sus derechos más elementales y cuándo sea evidente que hay un apoyo generalizado para el uso de la fuerza pública para liberar la ciudad de México.

Será preciso actuar con el mayor cuidado y evitar la provocación, pero hay que tener la presencia de ánimo para entender que la ley y el resultado de nuestra elección no pueden ponerse en la mesa de negociaciones con quien sin escrúpulo alguno quiere forzar sus caprichos sobre el destino de México.