El desempeño fiscal del gobierno mexicano puede verse como un éxito o como un rotundo fracaso, por un lado el control de las finanzas públicas parece ya un asunto superado, la Ley de Presupuesto Equilibrado exige que el gobierno no gaste de más, además el perfil de la deuda es mucho mejor que antes, se pagan menores tasas y se gozan de mejores plazos, pero hasta ahí, el gobierno mexicano es un gran administrador de la escasez. Y es que en México se recauda poco, mal y a costos muy altos, por eso la urgencia de cambiar la forma de recaudar. Por el lado del gasto, las cosas son aún peores, se gasta mucho en personal, no se tienen prioridades y no hay presupuesto que alcance a cubrir las demandas sociales. Lo peor de todo es que el sistema fiscal en su conjunto, la suma de ingresos y gastos tiene un impacto negativo sobre el aparato productivo, los precios administrados por el gobierno y la multiplicidad de subsidios hacen que muchos precios importantes sean distorsionados y la dificultad del pago de impuestos hace que las empresas pierdan competitividad al destinar tanto esfuerzo para el pago de impuestos, en tasas y en papeleo.

Empecemos por la competitividad del sistema fiscal mexicano que ocupa el lugar 95 de 157 países que evalúa el Banco Mundial en su estudio “Doing Business 2006”, por debajo del lugar 73 de México en la clasificación general. Según el estudio en México una empresa pequeña enfrenta hasta 49 obligaciones fiscales, destina 536 horas hombre al año en elaborar sus declaraciones de impuestos y enfrentan una tasa comparable a los países desarrollados pero muy superior a los países comparables en ingreso y nivel desarrollo. Comparado en la OCDE el panorama no mejora es el país con menor recaudación y más trámites, comparado con América Latina pues sólo Haití recauda menos en proporción del PIB. De tal forma que México recauda poco, sólo un 12% del producto nacional, dependen del petróleo 38% del los ingresos totales, pocos pagan, hay 16 millones de registros pero 8 millones no declaran o se declaran sin ingresos.

Luego están lo problemas administrativos, pues en México existen múltiples impuestos, múltiples tasas, múltiples exenciones, múltiples deducciones, múltiples régimen, múltiples  aberraciones fiscales, el resultado es casi un rompecabezas o boutique si se quiere donde uno puede seleccionar el tipo de empresa que quiere ser en función de los beneficios fiscales que se puedan obtener, pero eso sí con un gran carga administrativa tanto para el gobierno como para las empresas, es más la decisión empresarial se burocratiza por estas condiciones fiscales poco claras. El sistema es altamente discrecional, costoso y manipulable.

Luego están las imposiciones absurdas o inoperantes como el caso de los Impuestos a la tenencia vehicular o los automóviles nuevos, que lo único que hacen es que comprar un coche en México sea muy caro. Lo mismo para los impuestos especiales a la producción, desde cerillos a Tequila o Tabacos, que se siguen viendo como instrumentos recaudatorios y no como impuestos que sirven para desincentivar prácticas socialmente indeseables, es más, se usan hasta con criterios nacionalistas como la peregrina idea del Congreso de grabar al jarabe de maíz con el objetivo de elevar el consumo del azúcar.

Para colmo entre los órdenes de gobierno hay diferencias muy marcadas, sólo el gobierno federal recauda, los gobiernos de los estados y de los municipios hacen como que recaudan pero más bien esperan que les lleguen sus participaciones federales y con ello gastan y pagan sueldos o construyen estadios, innovan con el transporte público y restauran monumentos.

De tal forma que ante el desorden administrativo, legal y político no quede otra que una reforma radical que permita antes que nada reducir el costo de pagar impuestos en México, sea competitiva internacionalmente y permita generar una recaudación eficiente para atender las demandas sociales legítimas. Y esto sólo se puede hacer desechando el sistema actual y cambiarlos por uno nuevo.

Lo nuevo sería contar con una reforma radical que se base en una Tasa Única a la renta del 20%, una Tasa Única del IVA en 10%, sin exenciones, la desaparición de Tenencia e Isan, contar con una mejor estructura de los Impuestos especiales y unos impuestos a la importación con tarifas planas. Pero los problemas surgirán por el lado político pues desde 1979 no ha habido cambios fiscales sustanciales en México, el último fue la sustitución del ISIM por el IVA, el problema es la altísima politización del tema, el imperio de los criterios políticos sobre los económicos y con ello el fracaso del país en términos de competitividad y eficiencia.