En un país en el que las leyes se desprecian y se pisotean y los arreglos institucionales se cuestionan cuando el resultado no gusta, la solución no radica en cambiar las leyes y las instituciones porque por muchas reformas que se hagan ninguna funcionará para atender los problemas del país.

Como afirmó en su conferencia del lunes pasado el virtual triunfador de la elección presidencial Felipe Calderón, “para que haya democracia se requiere(n) demócratas y desgraciadamente este no es el caso,” al reiterar su confianza en las instituciones electorales y las leyes en vigor.

Cuando los enemigos de la democracia, de leyes e instituciones, plantean un reto como el que encabeza el demagogo delirante y amenazan con atropellar lo mismo las decisiones inapelables del Tribunal Electoral que el calendario cívico nacional, es preciso reflexionar, primero, en cómo resolver lo inmediato.

Las violaciones a las leyes en las que han incurrido AMLO y sus secuaces, en especial las autoridades legítimas de la ciudad de México, son tan numerosas y graves –como lo señaló en un recuento parcial Raymundo Riva Palacio el propio lunes- que ameritarían proceder contra el Jefe de Gobierno capitalino.

Hay que tener presente que el análisis económico de la delincuencia y de cómo enfrentarla concluye que la impunidad de los forajidos siempre resulta en más y peores fechorías, por lo que dejar pasar el rapto de la ciudad de México sin castigo alguno sólo llevará a la explosión de la criminalidad.

Proceder a la remoción y juicio político de Alejandro Encinas, que es facultad del Senado, y al cese de su jefe de policía y Procurador de Justicia, ambas potestades que permanecieron en manos del Presidente de la República, mostrarían que el gobierno federal está dispuesto a restaurar el orden.

Hay quienes opinan, sin embargo, que lo mejor es que el gobierno federal no haga nada y que aguarde a que se sigan desinflando las bases de apoyo de López Obrador y su insurrección, pues eventualmente quedará aislado al regresar la racionalidad a la mayoría de otros perredistas.

En efecto, como resulta evidente por las crónicas de quienes han recorrido los 47 puestos de la kermés organizada por estos delincuentes en nuestra ciudad, el número promedio de ocupantes en todas ellas es menor a diez mil y las “asambleas informativas” cada vez atraen menos gente.

Ello no quiere decir que la participación a ultranza de los forajidos duros comprados con las prebendas del gobierno capitalino vaya a desaparecer y, como lo vimos claramente en el intento de toma del Palacio Legislativo del lunes pasado, su forma favorita de actuar son los enfrentamientos violentos.

Encinas llegó al borde de la declaración de guerra al afirmar ayer que “estamos transitando de un conflicto postelectoral a una crisis política institucional” y que “no vamos nosotros a aceptar ninguna intervención (de la Policía Federal Preventiva) en la que no sea consultado el Gobierno de la ciudad.”

Por supuesto que Encinas no aclaró que tanto el “conflicto postelectoral” como la “crisis política institucional” son de la exclusiva manufactura de su desquiciado jefe AMLO, pero es crucial subrayar el talante pendenciero de sus palabras porque se supone que él es uno de los “moderados” del motín.

Es esencial que la autoridad federal tenga entre sus planes de contingencia la declaración del estado de emergencia en la capital y la suspensión temporal de garantías como lo prevé el artículo 29 constitucional, en caso que las amenazas de los sediciosos se concreten.

No se puede tolerar indefinidamente un asalto frontal a nuestras instituciones y que las autoridades capitalinas y el demagogo delirante violen las leyes a su antojo y secuestren y martiricen a la desamparada ciudadanía impunemente.