La presente crisis poselectoral y las reacciones del gobierno y de los políticos son la muestra del poco respeto que hay en el país hacia las instituciones y las leyes, dando por descontando que no existe ningún tipo de cumplimiento forzoso o el temor a tomar las decisiones correctas en materia de seguridad pública. A fin de cuentas nadie paga nada por no hacer que las leyes se cumplan, o lo que es lo mismo, nadie paga por el incumplimiento de contratos, así en el sector público como en el privado.

Así como en el gran espectro México es un país donde las leyes son letra muerta, lo mismo pasa cuando bajamos al mundano nivel empresarial. Los ejemplos abundan, desde los costos para registrar una propiedad y que ni teniendo los papeles de registro tenemos la seguridad absoluta de que nuestra propiedad es nuestra, hasta la certeza que no se despide personal porque uno la tiene perdida en cuanto nos pongan una demanda laboral o el que quebrar una empresa sea casi imposible, lo mismo para conseguir un préstamo o liquidar una deuda.

Un solo estudio como el Doing Business de Banco Mundial, la coincidencia es amplia contra los otros rankings de competitividad, muestra que México está muy por debajo incluso de su lugar global (73/155) en cuanto a la dificultad de contratar y despedir trabajadores (125) protección de inversionistas (125), cumplimiento de contratos (100) o Registrar la propiedad (74). Los hallazgos son impresionantes, por ejemplo el registro de una propiedad en nuestro país acarrea cinco trámites, demora en promedio 74 días y tiene un costo de 5.3% del valor de la propiedad, comparado con Canadá (4 en el ranking global) hay más trámites 6, menos días 10 y un consto mucho menor, 1.7%, tres veces más bajo. Lo mismo pasa si vamos a la protección para inversionistas, México tiene un índice bajo de 3.2 sobre 10 mientras que el país del norte lo tiene de 8.7. El caso del cumplimiento forzoso de contratos, es decir cuando tenemos que reclamar el cumplimiento a la justicia pues nos va realmente fatal, nos tardamos en promedio 421 días, nos cuesta el 20% del valor de lo reclamado y tiene unos 37 trámites. El gran problema es entonces que en este país pocos tienen la seguridad de que lo suyo es suyo y que pueden pagar para defenderlo ante las reclamaciones de alguien, con razón o no.

Los efectos de esto son muy claros, cada vez más contratos se litigan fuera de México, en cortes de Estados Unidos principalmente, luego están una cantidad de inversiones que no se realizan porque no hay las condiciones de seguridad de la inversión, esto deja de lado los argumentos de la estabilidad macro o las condiciones de mano de obra o geográficas, otro efecto es la dificultad y el costo para obtener un crédito, pues las garantías nunca son suficientes y el riesgo siempre termina por subir las tasa por arriba de las condiciones internacionales.

Y todo esto a pesar de los esfuerzos para tener mejores reglas de protección de inversionistas o para hacer más fácil las quiebras o para tener registros de la propiedad más eficientes. En estos temas ha faltado coordinación pues mientras estados como Aguascalientes tienen registros comparables a los de los países de la OCDE, otros como el Distrito Federal o Guerrero los tienen comparables a Nigeria. Otro de los problemas es qué tipo de propiedad tenemos pues los juristas hablan de cuando menos 6 tipos de propiedad vigentes en el país, más sus subtipos y las garantías legales son diferentes en cada caso.

Por todo es que hacer cumplir las leyes es muy caro, tardado, complejo e incierto, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de un cambio, de ahora sí una política nacional para aliviar estos problemas, si no lo hacemos estaremos condenados a competir en otra liga, no en la que nos corresponde por el tamaño de la economía o de nuestro comercio exterior, los problemas de la propiedad y de nuestras leyes nos atan y no nos dejan dar el salto hacia el desarrollo.