El PRD fue el partido que organizó más eventos masivos, el que tuvo la campaña más larga y el que transmitió un mayor número de anuncios en televisión, que son los más caros. Hay varias presuntas fuentes ilegales de financiamiento en la campaña del PRD, que le permitieron sumar millones de votos a su candidato. Una de ellas fue el uso electoral de los programas sociales durante los seis años del gobierno perredista.

Las llamadas “redes ciudadanas” repartieron con un criterio electoral casi todos los beneficios de los programas de ayuda a la vivienda. En las zonas populares, casa por casa y colonia por colonia, promotores del voto, algunos disfrazados de trabajadores sociales en la nómina de los gobiernos perredistas, ofrecían dinero o créditos para pintar, ampliar o construir viviendas como si fuera un apoyo del PRD. En los plantones de Reforma dirigentes perredistas confirmaron que quienes acuden a los plantones, que viven en delegaciones perredistas, acumulan puntos para adquirir viviendas. También se aplicaron criterios de compromisos electorales en el reparto de ayuda a los ciudadanos de la tercera edad, cuya presencia es notoria en las manifestaciones del ex candidato perredista.

Otras de las presuntas fuentes de recursos fue el “diezmo” de los contratistas de obras en el D.F. Más allá de la tesis del “complot”, la difusión de los “videoescándalos” mostró a importantes funcionarios de las delegaciones perredistas del D.F. y a operadores del ex candidato perredista, recibiendo dinero de un contratista para las campañas. Calcule el 10 ó 15% de la mayoría de las obras en el D.F en seis años y tendrá una probable multimillonaria fuente de financiamiento de la campaña pederrista.

Durante los gobiernos perredistas los comerciantes callejeros aumentaron siete veces, de menos de 100 mil a más de 700 mil, la mayoría afiliados a organizaciones perredistas. Una sola cuadra de vendedores callejeros representa millones de pesos mensuales, parte de los cuales han ido a parar a la campaña del candidato perredista. Súmele también las cuotas sin recibo de miles de taxistas piratas. Los perredistas acusan a los candidatos de los demás partidos de haber usado recursos públicos, cuando el desvío hacia su partido es conocido por todos lo habitantes del D.F. Durante seis años el gobierno perredista dedicó la mayor parte de su tiempo a apoyar la campaña de su candidato a presidente, dejando en un segundo lugar sus funciones propias, como el garantizar la seguridad de los ciudadanos.