Finalmente, tras un accidentado proceso electoral que no estuvo exento de anuncios del fracaso democrático, hay ahora un presidente electo oficial. Aún controversial, como ha querido presentarse una resolución imperfecta pero transparente y apegada a la ley, la decisión del TRIFE es inatacable. La última instancia de decisión ha declarado un proceso electoral válido, en el cual las irregularidades –que el Tribunal no deja de reconocer pero que imputa a todos los involucrados— no fueron determinantes para el resultado.

Más allá del conflicto deberán rescatarse las lecciones. El nuevo gobierno arriba al poder con cuestionamientos serios, sostenidos en argumentos que no lo son tanto. Al final se demuestra, nuevamente, que los problemas políticos no parten de pruebas fehacientes de su existencia, sino que pueden surgir de las percepciones. Ante un reclamo que le desconoce como presidente, Felipe Calderón se ve en la necesidad de construir apoyos mayoritarios y neutralizar aquéllos de la oposición.

El PRD continúa con la descalificación. Venturoso se adentra en la contradicción. Rechaza las instituciones que le dieron vida, pero acepta las curules y los triunfos que las mismas le otorgan; combate las reglas que lo alimentan, desconoce las normas que le dan sentido. El PAN, en papel de triunfador, se arroja enérgico contra la minoría o se arropa conciliador en el diálogo. Felipe Calderón necesita concertar pero le bastará gobernar. El reto del próximo gobierno no será lo controversial de su triunfo ni la polarización del discurso. La verdadera prueba está en su capacidad de responder a las necesidades del electorado y así lo ha reconocido en sus declaraciones.

El nuevo presidente de México no tiene un reto legislativo como el que tuvo su antecesor. Más bien parece que el comportamiento legislativo de una mayoría congresional estará determinado por una aparente alineación entre sus intereses particulares y la colaboración con el poder público. En cualquier caso, la relevancia política del próximo sexenio radica en la capacidad de gobernar un país que se dividió en su intención de voto más que en sus aspiraciones públicas.

Calderón ha declarado que rebasará por la izquierda. Su intento será cooptar con políticas públicas el apoyo de los electores de AMLO. Cuanta queja se levante, en este sentido, desde la coalición que muere y la trasnochada izquierda que sobrevive no será sino un ejemplo más de que la argumentación y propuestas de solución no son sino consecuencias accidentales de la aspiración política de conseguir el poder.

Calderón tendrá en sus manos la posibilidad de dar respuesta a un problema que si bien fue agendado por su competidor, es elemento suficiente para darle sustento como gobernante. Los quinazos que los comentaristas evocan, tan ingenua como nostálgicamente, parecen no ser la mejor salida para un presidente que no acaba de controlar los espacios de poder que adquirió su partido.

Pero es importante que se reconozca que ni la justicia social ni el combate a la pobreza son aspiraciones políticas de la izquierda y aversiones de la derecha. En realidad el liberalismo económico y el socialismo latinoamericano son y han sido dos trincheras que se combaten en formas respecto a aspiraciones similares.

Felipe Calderón buscará en el gobierno construir los apoyos que no pudo obtener como candidato. En la tarea no habrá más beneficiados que los propios electores, quizás con mayor medida quienes votaron por López Obrador. Calderón no ha recogido las propuestas de AMLO, ni lo hará. La nueva propuesta de Calderón no tiene que ver con convicciones renovadas ni con descubrimientos metodológicos recientes. Lo único que hará (o al menos debería hacer) el nuevo presidente será reformular un problema que si bien prioritario no era primordial en su agenda. Ahora lo es. Allí la democracia.

Entre las reflexiones del próximo gobierno deberán considerarse aquéllas que mejoren la acción pública, que incrementen la responsividad de los políticos frente a sus electores. En este sentido se han levantado opiniones que demandan una cirugía mayor en las instituciones. Algunos han sostenido su argumento de transformar el sistema presidencial en alguno parlamentario. La necesidad de un diagnóstico razonable sigue haciéndose patente.