La llamada Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APPO, se ha unido al movimiento de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que lleva en paro más de cuatro meses en Oaxaca, con el supuesto propósito de apoyar a los maestros del estado. Queda claro, sin embargo, que sus objetivos son otros.

Este viernes pasado, el 22 de septiembre, los miembros de la APPO abuchearon e impidieron que hablara Enrique Rueda Pacheco, el dirigente de la sección, en un mitin en el que presuntamente debía darse el banderazo al contingente que habrá de marchar a la ciudad de México para exigir al Senado que declare la desaparición de poderes en Oaxaca y destituya al gobernador Ulises Ruiz.

¿Los pecados de Rueda Pacheco? Haber declarado que llevaría a cabo una consulta entre los maestros para saber si querían regresar a clases y haber pedido a la APPO que entregue a los maestros las estaciones de radio tomadas por este grupo para que sean los profesores quienes las manejen.

La sección 22 ha sido, sin duda, la más radical de todas las secciones del sindicato de maestros desde hace mucho tiempo. Recordemos que a lo largo de los últimos 26 años ha llevado a cabo huelgas ilegales todos los años, mientras que en el resto del país las clases no se han interrumpido.

Pero ahora, cuando la sección 22 ha llevado a cabo la huelga más prolongada de la historia, la APPO le ha arrebatado el control del movimiento. Esto ha ocurrido en parte porque las autoridades, tanto estatales como federales, se han negado a enfrentarse a estos grupos radicales.

El gobernador Ulises Ruiz hizo un intento en junio para tratar de despejar el centro de Oaxaca tomado por la sección 22 del SNTE. Pero el esfuerzo resultó un fracaso. La policía estatal sólo pudo recuperar un par de horas la ciudad. Desde entonces el gobernador, atemorizado, no ha querido volver a usar la fuerza pública.

El gobierno federal se ha negado a recurrir a la fuerza pública. El secretario de gobernación, Carlos Abascal, estuvo en desacuerdo con el intento de desalojo que el gobierno del estado llevó a cabo en junio. Le preocupaban las consecuencias en las elecciones federales. Desde entonces la Secretaría no ha dejado de recordarle al gobernador Ruiz que actuó sin su permiso y se ha negado a darle el apoyo de la Policía Federal Preventiva.

Tanto el presidente electo Felipe Calderón, como varios de sus colaboradores, han señalado que sería una irresponsabilidad del actual gobierno que les heredara este problema. El presidente Fox ha respondido que el asunto quedará resuelto antes del cambio de posesión, el 1ro de diciembre, aunque esto significa que la ciudad de Oaxaca, asfixiada ya en lo económico, tendría que resistir otros dos meses bajo el actual secuestro.

Pero lo peor de todo es que no se ve que el presidente tenga una idea clara de cómo resolver le conflicto. Por una parte, ha afirmado en varias ocasiones que no utilizará la fuerza pública, hagan lo que hagan los rebeldes. Por la otra, promete resolver el problema a través del diálogo.

Mesas de diálogo ha habido y muchas, pero ninguna ha llevado a algún acuerdo. Esto se debe a que la APPO no está interesada en el diálogo. Quiere la cabeza del gobernador Ulises Ruiz. Y esto es algo que la Secretaría de Gobernación no le puede dar.