Un “calumnista” metido a adivinador del gabinete de Felipe Calderón se aventó la puntada de escribir que la candidatura de Agustín Carstens a encabezar la secretaría de Hacienda condenaría al fracaso la principal prioridad del próximo gobierno: la creación de empleo.

Afirma el texto de marras “que el esquema hacendario que maneja Carstens…, a decir de los expertos, no es compatible con la idea de hacer del gasto público un motor de crecimiento y generación de empleo” porque “representa el mismo enfoque restrictivo y dogmático de las finanzas públicas aplicado por el actual secretario de Hacienda.”

Resulta evidente que quien escribe tales sandeces consultó a “expertos” equivocados y no leyó lo dicho por Felipe Calderón pues el próximo Presidente invariablemente ha dejado claro que entiende la importancia de mantener los equilibrios fiscales.

Calderón afirmó que “México ha aprendido la dura lección de no seguir los lineamientos de disciplina fiscal. Vivimos muchos años de indisciplina, de excesos en el gasto público y endeudamiento que crearon los desequilibrios que desembocaron en las costosas crisis que todos recordamos.”

Es útil analizar de nuevo cómo puede incrementarse el gasto público y por qué resulta no sólo conveniente mantener un razonable equilibrio fiscal sino que se trata de una condición indispensable para lograr un crecimiento económico rápido y sostenido.

El gasto del gobierno sólo puede aumentarse mediante el incremento de los ingresos públicos o contratando mayor deuda externa o doméstica. Aumentar los ingresos requiere mejorar la recaudación tributaria ya sea elevando los impuestos, abatiendo la evasión o con una combinación de ambos.

Hay que recordar, sin embargo, que aumentar los ingresos públicos significa reducir los del sector privado y salvo que se demuestre que la rentabilidad del gasto público es mayor que la del gasto privado, lo que frecuentemente no es el caso, un mayor desembolso gubernamental no estimulará el crecimiento.

Otro medio para aumentar los ingresos del gobierno radica en hacer más eficientes las empresas públicas y en clausurar o vender las que pierden dinero como se hizo en el período 1985-94 cuando se eliminó una estratosférica cifra superior al 15% del PIB en pérdidas que aportaba el sector paraestatal.

Incrementar la deuda pública es perfectamente razonable si se hace con prudencia, manteniendo su proporción como porcentaje del PIB en niveles manejables que permitan que su servicio no ponga en peligro las finanzas del gobierno y siempre que se inviertan los recursos de la deuda adicional en proyectos con una elevada rentabilidad económica y social.

La vía de recurrir al crédito del banco central para gastar más, que se usó con irresponsable alegría por los gobiernos populistas de la “docena trágica” (1970-82), quedó formalmente cancelada desde que se aprobó la ley que se lo prohíbe explícitamente al Banco de México, que entró en vigor desde 1994.

La otra opción para estimular el crecimiento de la economía es gastar mejor pues no hay duda que una proporción del egreso público se desperdicia. A este respecto, se ha avanzado en la actual administración federal que ha transparentado el ejercicio presupuestal en forma apreciable.

Hoy los egresos federales son objeto de control y escrutinio notables pero, a diferencia de lo que ocurría antaño, la mayor parte del gasto público –más de 75% del total- lo ejercen estados y municipios sobre los que los mecanismos de vigilancia son mucho más precarios.

En consecuencia, en materia fiscal sólo hay dos formas de hacer las cosas: bien, como las ha hecho la actual administración lo que se refleja en la valiosa estabilidad financiera del país; o mal, usando el gasto como insensato motor para crear empleos efímeros que invariablemente se esfuman en nuevas crisis.

¿Quién siembra estas descalificaciones? ¿A quién benefician?