La APPO sigue insistiendo en la renuncia del gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz. El secretario de gobernación, Carlos Abascal, mantiene sus mesas de negociación, pero éstas no llevan a nada ni pueden hacerlo, ya que lo que pide la APPO, la destitución del gobernador, es algo que, aunque se hacía en los tiempos de Carlos Salinas, no lo puede hacer legalmente el gobierno federal.

El gobierno de Vicente Fox trata de evadir su responsabilidad. Por una parte dice que no le dejará el conflicto a su sucesor, pero por la otra se niega a utilizar la fuerza pública. Sin embargo, el hecho es que sin usar la fuerza pública, y sin poder darle a la APPO la cabeza del gobernador, no se entiende de dónde pueda venir esa solución mágica de la que hablan el presidente Fox y el secretario Abascal.

Tarde o temprano será necesario que alguna autoridad se enfrente a la APPO con valor y aplique la ley. Esta organización ha abandonado toda pretensión de estar buscando el bienestar del pueblo de Oaxaca o la defensa de los intereses de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Su propósito es abiertamente político. A sus líderes no les interesa otra cosa que derrocar al gobernador Ruiz, quien podrá gustarnos o no, pero fue electo gobernador por los oaxaqueños.

Cuando un movimiento político es pacífico y democrático, cuando se ajusta a la ley y busca convencer con la razón, debe enfrentársele con argumentos. Pero cuando no es democrático, cuando no pretende convencer sino imponer, y cuando viola los derechos de terceros para presionar a la autoridad y para que se le satisfagan sus deseos, el diálogo no es opción.

Esto lo sabe el presidente Vicente Fox, cuyos reportes de inteligencia le deben haber dicho hace ya mucho tiempo quiénes son los miembros de la APPO y de dónde obtienen su dinero. Pero el presidente prefiere seguir hablando de que un diálogo que no ha logrado nada hasta ahora puede súbitamente ofrecer una solución.

Un estado como Oaxaca no tiene la fuerza pública para enfrentar un movimiento subversivo bien organizado y financiado como la APPO. Esto ya quedó claro cuando el gobernador trató infructuosamente de usar a la policía estatal para despejar el centro de la ciudad de Oaxaca tomada por los miembros de la sección 22 del SNTE. El gobierno del estado necesita apoyo federal, como lo precisa cualquier entidad que cae víctima de un desastre natural. Sólo que el desastre de la APPO es bastante más dañino y peligroso que un huracán.

El presidente Fox ha venido insistiendo en que no hay nada de que preocuparse. Ha dicho que cuando deje la Presidencia de la República dejará también resuelto el problema de Oaxaca y que lo resolverá sin tener que recurrir a la fuerza pública. Pero ante la intransigencia de la APPO, la cual excluye realmente la posibilidad de un acuerdo que no sea una rendición incondicional que violaría la ley, hay que preguntarse si el presidente Fox no estará pensando más bien en hacer tiempo para terminar dejándole la responsabilidad del uso de la fuerza pública a su sucesor. Esto sería una irresponsabilidad, no sólo frente a Felipe Calderón sino frente a los oaxaqueños que tienen derecho a que se castigue a quienes abiertamente violan sus derechos.