En 1990, la prestigiada firma consultora, POLYCONOMICS, produjo un estudio bautizado como “México 2000”, el cual, en su resumen ejecutivo afirma: “El perfil de México lo coloca como el próximo tigre económico. Pero a diferencia de los tigres asiáticos, cuenta con una de las fuentes de energía más ricas del mundo. En 1984, sus reservas probadas de petróleo eran de 60 billones de barriles colocándolo en el sitio #4 del mundo. Sin embargo, el potencial para nuevos descubrimientos y la modernización de su industria, se ha visto truncado debido a que las inversiones de PEMEX se han reducido en un 70%, provocando una seria amenaza para su futuro.”

En el novedoso panorama político que estrenamos con la histórica victoria de la oposición en el año 2000, se nos abrieron infinidad de oportunidades las que, después de casi cien años oprimidos por la dictadura perfecta, teniéndolas a nuestro alcance, no las hemos entendido, mucho menos aprovechado. México, antes que una democracia es una republica federal, por lo cual, nuestra constitución claramente señala la autonomía de los estados en lo que deberíamos conocer y entender como federalismo.

Ese federalismo, le da una libertad a los estados para operar de forma independiente alejados de las corrosivas políticas del gobierno federal. Si todos nuestros gobernadores convocaran a una revisión profunda de sus constituciones estatales, se sorprenderían al darse cuenta del auto con motor de doce cilindros y miles de caballos de fuerza que ello representa, pero totalmente desaprovechado puesto que, durante los últimos casi cien años, el auto se ha corrido con el freno de mano activado.

Uno de los múltiples y graves problemas que enfrenta nuestro país, es el saboteo de las reformas que deberían modernizar el área energética la cual, ha permanecido, como todo lo que controla el estado y la federación, en la época de las cavernas retardando de forma irresponsable el desarrollo económico tan urgentemente requerido. No es posible entender que un país con reservas de petróleo casi infinitas, en estos momentos importe gran parte de sus derivados.

Sin embargo, el surgimiento de un líder con visión de estadista, podría convencer al país entero para federalizar dicha reforma y abrir el sector a la iniciativa privada. Con esto, cada estado podría decidir si debe abrir el sector energético a la inversión privada o no, dependiendo de sus intereses y planes para fomentar el crecimiento económico.

Lo anterior le permitiría a los estados en los cuales moran gobernadores inteligentes y responsables, abrir su sector energético para obtener mejores precios de energía y modernizar su infraestructura facilitando el arribo de ese ansiado desarrollo. Ello promovería una sana competencia que, de inmediato, se traduciría en una baja de precios y aumento de la calidad de todos sus productos.

Mientras que los estados tercos en mantener el esquema actual, podrían hacerlo sin afectar a los demás contagiándolos de su enfermedad. De este modo, cada estado podría ofrecer el mejor marco regulatorio, y sobre todo, un panorama general para inversiones diferente, atractivo o repulsivo, dependiendo de sus objetivos de desarrollo económico y de sus liderazgos.

Además, gracias a la libertad de movimiento existente en la Federación, las empresas y las personas podrían establecerse en los estados que les ofrezcan mejorares oportunidades y condiciones económicas. Esto, promovería igual, una sana competencia entre los estados mejorando los marcos regulatorios, sus infraestructuras, sus servicios, sus precios, su nivel de desarrollo y, sobre todo, el de vida de sus habitantes.

Por lo tanto, la federalización de la energía no sólo beneficiaría a los estados, sino al país en su conjunto. Además, una propuesta similar podría ser aprobada con mayor facilidad que las intentadas ya que sólo buscaría, en esencia, descentralizar la política energética para terminar su secuestro de parte de un congreso irresponsable, y ciertos políticos que pretenden asumir el poder, para luego repetir el esquema de teléfonos de México creando el Slim de los energéticos.

De este modo, si los estados perredistas, por ejemplo, desean permanecer en su situación actual, podrían hacerlo sin problemas y mantenerse como el país en estos momentos, desnutridos, pobres y en la época de las cavernas. Es lo que ha sucedido en los EU cuando los estados del suroeste, ofreciendo mejores alternativas, han promovido el despoblado de la región de Nueva Inglaterra situando a ciudades como Las Vegas y Phoenix, en los lugares 1 y 2 del crecimiento nacional.

Los gobernadores, por consiguiente, gustosamente aceptarían la propuesta ya que aumentaría su poder de decisión sobre los recursos de sus estados, por lo que presionarían a los diputados y senadores para aceptar la iniciativa. Sería también, una fórmula sumamente efectiva para calificar sus desempeños.

Además, con una política similar, los estados estarían protegidos de las malas decisiones que tomen sus vecinos. Viceversa, frente a decisiones inteligentes y la competencia de otros, los obligaría a presentar cuadros más atractivos para la atraer inversiones en busca de esos cuadros con entornos seductores. Estados como Sonora y Chihuahua por ejemplo, tendrían la alternativa de contratar sus servicios con la CFE, o, el Tucson Electric Power, o, El Paso Utilities Co….a la mitad del costo actual.

Esto sucedió en el 2001 en California donde una regulación miope y deficiente, fijaba el precio de la electricidad con una torpe intervención del estado estropeando el orden natural de los mercados, e impidiendo oferta y la demanda se ajustaran al aumento en el precio del gas. Lo anterior ocasionó escasez del producto, luego el caos de apagones en todo el estado, mientras que el resto del país siguió operando sin problemas.

Ello provocó, también, una migración masiva de empresas y sus habitantes a los estados vecinos, la expulsión de su gobernador mediante un referéndum especial, y el asenso de Arnold a la gubernatura quien, como buen libertario, simplemente dejó al mercado operar su orden natural, para resolver  tan grave situación.

Con la federalización de la energía ocurriría lo mismo: los estados con un marco regulatorio eficiente, lograrían un desarrollo económico envidiable mientras que los rezagados, sufrirían las consecuencias económicas de sus actos y sus habitantes, con esas boletas de calificaciones en mano, podrían pasar facturas a sus gobernadores.

Después de todo, para eso se estableció una República Federal donde cada estado es libre y soberano.