En el artículo de la semana pasada señalé que Felipe Calderón debe encabezar un gobierno liberal, dado que este esquema es el único que efectivamente puede llevar a México a una senda sostenida de desarrollo económico. El esquema liberal que se delineó es uno en donde las leyes y los reglamentos inducen la existencia de mercados que operen en un contexto de competencia lo que implica la igualdad de oportunidades de acceso tanto de productores como de demandantes a los mercados, sean estos de bienes o de factores de la producción. En este esquema, cada agente económico, eligiendo libremente qué es lo que más le conviene, buscará maximizar la rentabilidad en la utilización de los recursos de su propiedad aprovechando las ventajas comparativas que posee y, es a través del intercambio voluntario, que ello tiende a maximizar no solo el bienestar individual sino también el bienestar social. Así, la adopción de un modelo económico basado en los principios liberales se constituye como la base para generar un crecimiento económico sostenido, siendo éste el principal mecanismo para incrementar, de manera continua y sostenida, el nivel de vida de los habitantes.

Sin embargo, el puro crecimiento económico no es suficiente para abatir en el corto plazo la alta incidencia de pobreza en la vive aproximadamente el 20% de la población. Más aun, el que casi 20 millones de individuos vivan en una situación de pobreza, se convierte por sí misma en un elemento que limita el crecimiento económico, situación que se agrava aun más al introducir como un elemento adicional la notoria inequidad en la distribución de la riqueza. Es por ello que el gobierno tiene un papel muy importante que jugar para lograr una reducción significativa de la pobreza, además de sentar los incentivos adecuados para el crecimiento. Es aquí en donde entra en juego el papel subsidiario del Estado a través de instrumentos eficientes de política pública.

En el diseño de políticas encaminadas al combate a la pobreza tiene que reconocerse que la fuente original de ésta se encuentra en la discriminación histórica a la cual fueron sujetos estos individuos. Aquí el término discriminación se refiere a que el marco institucional que ha existido en México prácticamente le negó a estos individuos la igualdad de oportunidades de acceso a aquellos mercados relevantes para incrementar su capital humano y, consecuentemente, su productividad cuando accedieran al mercado laboral. Me refiero específicamente a la educación y a la salud. Muy bajos niveles de escolaridad, con un servicio educativo que además ha sido de pésima calidad, junto con una notoria falta de acceso a servicios de salud se traducen, entre otras cosas, en que estos individuos al tener un muy bajo nivel de capital humano, cuando se incorporan al mercado laboral, lo hacen en condiciones de desigualdad. Esto se agrava aun más cuando el acceso al propio mercado laboral está restringido por una regulación ineficiente de la economía, particularmente la de este mercado.

Por otra parte, destaca que la mayor incidencia de pobreza se encuentra en las zonas rurales, fenómeno que se explica en parte por el bajo capital humano de esta población, pero también por el notoriamente ineficiente arreglo institucional de la propiedad de la tierra, uno en donde prevalece una estructura de producción agrícola, ejidos y minifundios, que inhiben la inversión y el aumento en la productividad, lo que ha condenado a los habitantes de las zonas rurales mexicanas a vivir en condiciones permanentes de pobreza.

Abatir los altos índices de pobreza requiere actuar, en consecuencia, directamente en varias vertientes. Una de ellas, quizás de las más importantes, es incrementar el capital humano de la población, particularmente la de los niños y jóvenes que viven en familias caracterizadas por ser pobres, tal como está diseñado el programa “Oportunidades”. Transferencias directas al ingreso familiar condicionado a que los hijos asistan a las escuelas y a los centros de salud, además de aumentar en el presente el nivel de bienestar de la familia, se traduce en que los que ahora estén estudiando, cuando se incorporen al mercado laboral, al tener un mayor nivel de capital humano y ser más productivos, lo harán en condiciones de mayor igualdad de oportunidades, lo que les permitirá salir de la pobreza.

Esto, sin embargo, no es suficiente. Dada la importancia del tema, continuaré en el siguiente artículo.