Hoy termino la historia de lo que hizo el gobierno de México hace tres lustros para “cabildear” en Estados Unidos la causa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que nuestro país había adoptado como una de sus prioridades, y si esa experiencia sirve como guía de lo que se puede hacer para inducir el cambio en la actitud norteamericana ante la inmigración.

Antes, sin embargo, intentaré responder a la inquietud de un estimado lector que me pregunta si es legal y apropiado que un país como México intente influir sobre el ánimo de los pobladores de Estados Unidos para conseguir que sus autoridades actúen en favor de las causas que le interesan.

La diplomacia tradicional la hacen los poderes ejecutivos de los países con sus respectivos ministerios de relaciones exteriores y sus embajadas en otras naciones, pero desde hace tiempo se reconoce que su labor puede y debe ser complementada con otras acciones de los gobiernos e instituciones privadas.

Es bien sabido que en las capitales clave, como Washington y Bruselas, ésta última sede de la UE, hay incontables firmas de relaciones públicas y “cabildeo” que representan los intereses de otras naciones y grupos particulares antes las diversas instancias gubernamentales.

Nuestro país se había autolimitado en sus gestiones internacionales a los canales diplomáticos tradicionales por el temor que al recurrir a medios heterodoxos se abriera la puerta para que otros países lo hicieran en México, como si no lo hubieran estado haciendo ya desde mucho antes.

La parte innovadora de la estrategia para alcanzar la aprobación del TLCAN fue recurrir directamente a los habitantes de Estados Unidos para persuadirlos de las virtudes que tendría para ellos el libre comercio con México y pedirles que escribieran a sus diputados en apoyo del Tratado.

Lo más notable fue la eficacia de la labor en equipo de nuestro sector público –coordinado por la secretaría de Comercio- para vender el proyecto en el que participaron desde el Presidente de la República hasta el cónsul de la más modesta población fronteriza, en foros de todo nivel pero siempre subrayando el mensaje sobre las ganancias concretas del TLCAN para cada público.

Este trabajo, que se inició desde la campaña para que el Congreso autorizara la negociación del Tratado por la vía del “fast-track” –comprometiéndose sólo a votar su aprobación o rechazo pero sin intentar enmendarlo- desde mediados de 1989, tuvo su culminación el 17 de noviembre de 1993 cuándo la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó por 34 votos el TLCAN.

Tristemente, la experiencia ganada para influir sobre la ciudadanía de Estados Unidos a favor de las causas importantes para México la tiró por la borda la administración Zedillo lo que llevó a que en los últimos doce años hubiera un deterioro creciente de la imagen de nuestro país.

Es por ello que vi con escepticismo los esfuerzos que hizo el actual gobierno para conseguir la aprobación de una reforma migratoria en Estados Unidos que fuera más allá de las demandas de xenófobos patrioteros, que si bien no son ni por mucho mayoría, asedian los espacios informativos por la estridencia de sus mensajes y el temor que inculcan en la población.

Yo no tengo duda que México puede recrear la exitosa campaña que montamos para conseguir la aprobación del TLCAN, esta vez para alcanzar reformas migratorias más sensatas y equilibradas que el bodrio aprobado por el Congreso recientemente, que ordena la construcción de la valla fronteriza.

Se trata de un proyecto que llevará años de arduos trabajos pero que, a mi  juicio, es urgente emprender a la brevedad posible. Ojalá que el Presidente Electo Felipe Calderón lo considere entre sus prioridades de política exterior.