Me he ocupado en mis dos últimos Aquelarres Económicos de describir las siete fuentes que pueden sustentar el crecimiento económico del país y los diez principios a partir de los cuales se debe diseñar una política económica que permita alcanzar un proceso de desarrollo más acelerado y justo.

La tercera parte de este tríptico consiste de las políticas públicas para el desarrollo que debe emprender el gobierno si desea alcanzar un crecimiento económico que haga posible elevar el nivel de vida de la población y la eliminación gradual pero definitiva de la pobreza.

Corresponde al gobierno jugar un papel estelar para crear las condiciones que fomenten el florecimiento de la economía. A continuación presento un decálogo sobre el que hay acuerdo generalizado entre los economistas a este respecto:

1.      La función más importante del gobierno es la de proteger los derechos de la población, salvaguardar sus vidas, su libertad y sus propiedades, siempre y cuando estas hayan sido adquiridas legalmente. La tragedia que hoy aflige a la ciudad de Oaxaca constituye un terrible ejemplo de lo que sucede cuando las autoridades, que en este caso incluyen al gobierno local, estatal y federal, renuncian a cumplir con esta obligación.

2.      El gobierno debe brindar bienes y servicios de características inusuales que hacen muy difícil que sean ofrecidos en forma espontánea por los mercados. Una vez ofrecidos los llamados “bienes públicos” es imposible excluir a usuarios potenciales. El alumbrado público y la seguridad nacional son buenos ejemplos.

3.      Hay que medir bien los costos de la actividad gubernamental que incluyen:

• La reducción de lo producido por el sector privado que financia lo que gasta el gobierno.

• El costo de cobrar impuestos que en nuestro país puede llegar hasta un 15% de lo recaudado.

• La pérdida en el bienestar de los consumidores que se deriva de las distorsiones en los precios relativos que generan los impuestos.

4.      Existen poderosas presiones sobre el gobierno para que proteja los intereses particulares en perjuicio de la población en general. Para contrarrestar el poder de tales grupos que defienden sus privilegios y monopolios se requieren reglas y leyes que limiten su influencia sobre las autoridades.

5.      Los miembros del poder legislativo tienen incentivos para promover que el gobierno gaste más e incurra en déficit públicos que con frecuencia dañan a la economía, por lo que hay que limitar constitucionalmente la posibilidad de que lo hagan.

6.      Para combatir la pobreza es mucho más efectivo que el gobierno promueva la creación de riqueza que recurrir a transferencias generalizadas de recursos. El mejor ejemplo lo tenemos a la vista con las políticas seguidas por López Obrador en la capital donde la combinación de estancamiento económico y transferencias a los ancianos resultaron en mayor pobreza.

7.      Las transferencias que haga el gobierno a los menesterosos deben seguir el ejemplo del éxito alcanzado por programas como Oportunidades, que son “focalizados” en ofrecer bienes básicos a los más pobres.

8.      La planeación económica que intentan los gobiernos pretende reemplazar la acción de los mercados con la intervención de burócratas lo que, con frecuencia, resulta en desperdicio de recursos y obstaculiza el crecimiento.

9.      La competencia es tan importante en el gobierno como en los mercados. La rivalidad entre distintas unidades del sector público y entre empresas paraestatales y privadas ayudará a las autoridades a cumplir mejor su misión de servir los intereses de la sociedad.

10.  Deben fortalecerse las limitaciones legales que impidan que los gobiernos perjudiquen a los ciudadanos mediante la arbitraria expropiación de su propiedad, dificultando la libertad comercial doméstica e internacional, desperdiciando los dineros públicos en proyectos inútiles, e incurriendo en la depreciación del poder adquisitivo de la moneda.