Dudar y preguntar son, a mi juicio, dos actitudes sumamente recomendables. Un nada convencional trabajo del profesor Hans-Hermann Hoppe, quien se define a sí mismo como filósofo anarco-capitalista, me ha generado una duda más que razonable sobre la solidez intelectual de la distinción que la mayor parte de los economistas hacen entre bienes públicos y bienes privados. El trabajo en cuestión se llama, en español, “Falacias de la teoría de los bienes públicos y la producción de seguridad” y está tomado del libro de Hoppe “The Economics and Ethics of Private Property” (Kluwer Academic Press, Norwell, Mass., 1993). Para ver más sobre Hoppe: http://www.hanshoppe.com/.

Tomo una descripción de los “bienes públicos” que justo ayer difundió en su colaboración habitual, mi amigo y brillante economista José Manuel Suárez Mier: “El gobierno debe brindar bienes y servicios de características inusuales que hacen muy difícil que sean ofrecidos en forma espontánea por los mercados. Una vez ofrecidos los llamados “bienes públicos” es imposible excluir a usuarios potenciales. El alumbrado público y la seguridad nacional son buenos ejemplos.”

Aunque los “bienes públicos” son sufragados por la sociedad es evidente que hay algunos individuos o grupos que sin cooperar para el financiamiento de esos bienes disfrutan de ellos (por ejemplo, quienes no pagan impuestos). Esto por dos razones, una de índole práctica –sería imposible excluirlos, una vez ofrecidos dichos bienes- y otra, tal vez –subrayo “tal vez”-, de índole moral: No deben ser excluidos, tienen alguna suerte de derecho natural a esos bienes.

El mayor problema con esta distinción radica –a mi entender- en el postulado: “Deben ser brindados por el gobierno, porque es muy difícil que sean brindados en forma espontánea por los mercados”. ¿Podemos estar seguros de ese “deben ser ofrecidos por el gobierno”?, ¿significa, además, que deben ser ofrecidos “sólo” por el gobierno?, ¿estamos seguros de que los particulares no tienen incentivos para ofrecer dichos bienes en condiciones de competencia, aun con la inevitable presencia de “free-riders” o gorrones?

De hecho, hay muchos “bienes públicos” que son ofrecidos por empresas privadas en competencia  -seguridad sería un ejemplo típico- y que son preferidos, por diversas razones y por muchas personas, a los bienes públicos que con la misma etiqueta ofrece el gobierno. Sucede todos los días y a la vista de todos, y esa de ninguna manera es “una falla de los mercados” sino una falla flagrante de los gobiernos. ¿Se trata de una situación excepcional contraria al “deber ser” desde un punto de vista ético?

No lo creo. Valdría la pena que sin miedo a lesionar un convencionalismo más o menos útil, quienes de veras saben discutiesen de nuevo este asunto. Por lo pronto, la realidad nos está diciendo otra cosa que la definición generalmente aceptada.