¿Existe una disyuntiva entre la alternancia y el ejercicio de la autoridad? Existirá una disyuntiva similar entre “la paz social, la tranquilidad en la que debemos vivir todos los mexicanos para construir,” y el estado de derecho, “el respeto a las leyes”? Al parecer, esta es la doctrina foxista, tanto por su accionar reciente, como por el discurso que intenta sustentar su no intervención.

Esta doctrina, estas preguntas, primitivas y provinciales, parecerían implicar que ser democrático significa que todo se vale—y que el uso del monopolio de la fuerza es un equivalente a la represión autoritaria. La crisis de fin de sexenio, en ese caso, en una crisis moral—la ausencia de criterio para aplicar la ley, para hacer valer la ley.

El incentivo perverso que se ha empezado a institucionalizar a partir del ejercicio de esta disyuntiva, desde ceder a la cancelación del aeropuerto en 2002 hasta la presión de los appoistas para suspender poderes en Oaxaca, es que una causa personal, o una agenda particular, se puede avanzar por arriba de la ley, bajo la excusa que el uso de la autoridad será vista como represión. El resultado es un relativismo muy peligroso, una “igualdad de oportunidad” al margen del derecho, donde todo se vale, donde el imperio de la ley toma una prioridad secundaria a permitir la aplicación, o la demanda, de una agenda.

Es imposible vivir en paz, es imposible construir con tranquilidad, cuando existen, digamos, amenazas de impedir el ejercicio del ramo ejecutivo sino se atienden demandas de un grupo político con una agenda preconcebida—por tan justa que esta pueda parecer, por tan legítima la demanda. Es el secuestro llevado hasta sus últimas consecuencias.

El relativismo provincial foxista, la inocencia de dejar de hacer valer la ley para que todos estemos contentos, conlleva un enorme costo de oportunidad, una señal mixta con efectos sumamente contraproducentes. Es contradictorio suponer que haya inversión, o invitar a los capitales a arriesgar su valor dentro del país, cuando estos están sujetos al capricho, al relativismo falaz de suspender la aplicación de la ley para privilegiar una “paz social” que más bien es la paz de un grupo, no la paz del pueblo.

La razón principal de las leyes, y de un gobierno que promete hacerlas valer, es dar un contexto de certidumbre, de genuina paz, dentro de la sociedad civil. La disciplina bien entendida no implica violencia, no implica represión. Una consecuencia natural de la tesis foxista sería obligar a los ciudadanos a convivir con la represión de ciertos particulares, o con las amenazas, un fenómeno que es incongruente con la sociedad civil, con un clima de inversión confiable. 

Este sexenio, el primero en la era de la alternancia, ha arrojado lecciones capitales, tanto positivas como negativas. Y, sin duda, destruir es más fácil que construir. Criticar es más fácil que proponer. Empero, no deja de ser un hecho que se desperdiciaron ventanas de oportunidad muy valiosas, que el amplio capital político que se tenía desde el principio se invirtió muy mal, con bajísimos rendimientos, y que se dejó mucho por hacer en la mesa de pendientes. Es triste observar, sin embargo, que a un momento de que acabe este sexenio, se esté sentando un precedente tan confuso, tan falaz, tan provincial, como la idea que para proteger la paz social, debemos tolerar la subordinación del imperio de la ley.

Empero, el relativismo no es democrático, no es institucional: a la larga, nada se puede o podrá hacer, si todo lo demás se vale.