No cabe duda que este país, difícilmente va a dejar de ser subdesarrollado. En México no parece entenderse, a pesar de toda la evidencia acumulada al respecto, que entre mayor sea la libertad de la cual gozan los individuos para elegir en diferentes ámbitos, sea en lo personal, en lo económico o en lo político, mayor será también el nivel de desarrollo que experimente el país, mayor será el bienestar de la población. El ejercicio de esta libertad está sin embargo acotada a lo que establezca el marco legal, el cual tiene que ser uno que permita y facilite el pleno ejercicio de la libertad de elección mientras no se afecte, en este ejercicio, los derechos de terceros, particularmente los derechos de propiedad, de ahí que estén penalizados actos que violentan estos derechos como son el robo, el asalto, el fraude, el monopolio, el homicidio y la violación. Para que una sociedad funcione eficientemente, una en la cual los diferentes miembros de la sociedad cooperen entre sí para la solución de los diferentes problemas que los aquejan, todo ello en un marco de libertad, uno en donde la cooperación es enteramente voluntaria, se requiere que todos, incluido el propio gobierno, se sujeten a lo que las leyes señalan es decir, se requiere que rija el imperio de la ley.

Lo anterior viene a colación por la enorme cantidad de declaraciones que se han vertido a raíz de la propuesta de despenalizar la eutanasia en el Distrito Federal, empezando por las expresadas por el Cardenal Norberto Rivera y las del Secretario de Gobernación Carlos Abascal, seguidas ambas de una serie de sandeces y estupideces por todo tipo de gente que muestran un absoluto desconocimiento del tema así como un verdadero desprecio por la libertad de la cual todo individuo debe gozar.

Veamos primero lo que debe entenderse por eutanasia activa. Esta se define, tal como lo expresa Asunción Álvarez en su libro Práctica y Ética de la Eutanasia (Fondo de Cultura Económica, 2005) como el acto o procedimiento, por parte de un médico, para producir la muerte de un paciente terminal, sin dolor, y a petición expresa de éste. Desgajemos a continuación esta definición para que quede claro que no se trata, como afirmó el propio Cardenal, de legalizar a los “mata viejitos”, ni de legalizar el asesinato.

En primer lugar, la eutanasia es un procedimiento que se aplica a un paciente en una etapa terminal cuando los diferentes tratamientos médicos disponibles para curar y/o atenuar el sufrimiento que el paciente experimenta ya se agotaron y el propio paciente expresa, conciente y voluntariamente, su deseo de que se le ayude a morir con dignidad y sin dolor y en el momento en que el propio paciente decida. Como podemos derivar de lo aquí señalado, la eutanasia es enteramente voluntaria; es la decisión que toma un individuo de manera libre de cómo y cuándo morir dignamente. Nadie lo obliga a pedir que se le aplique un procedimiento médico que lo lleve a la muerte. Es, finalmente, la culminación de su libertad de elección, libertad que no puede, ni debe, bajo ninguna circunstancia, ser coartada.

En segundo lugar, la eutanasia es un procedimiento médico, de ahí que normalmente sea un médico el que la practique, generalmente con una inyección letal. Esto no implica, bajo ninguna circunstancia, que el médico esté obligado a practicarla aun cuando un paciente se lo haya solicitado. El médico, en función de sus propios valores éticos, puede negarse a proceder con la petición del paciente. El médico es, por consecuencia, enteramente libre para elegir si coopera con el paciente para ayudarlo a morir. Así, la práctica de la eutanasia se enmarca en los valores éticos que tengan tanto el paciente como el médico y es, para ambos, enteramente voluntaria.

El Cardenal y el Secretario de Gobernación podrán estar en contra de que a ellos, llegado el caso, se les ayude a morir, pero eso no les da el derecho de coartar la libertad de la cual todos debemos gozar de que, llegado el caso de estar terminalmente enfermos, y de acuerdo a nuestros propios valores, pidamos voluntariamente se nos ayude a morir. La actitud de ambos es reprobable, pero más reprobable aun es la del Secretario de Gobernación que avala el llamado a violar el estado de derecho. Solo por eso debe renunciar.