El actual texto es una síntesis de una presentación del autor en las reuniones generales de la Sociedad Mont Pélerin, Guatemala, Noviembre 8, 2006.

La tradicional crisis de fin de sexenio mexicano ha pasado del plano cambiario al plano político. El país está sufriendo las consecuencias de la falsa disyuntiva de privilegiar la paz social sobre el imperio de la ley. El temor alrededor de una imagen de represión ha dado lugar a que varios segmentos de la sociedad se encuentren secuestrados por terceros que buscan imponer su agenda a toda costa. La ley de instituciones ha sido re-emplazada por la ley de la selva.

Esta crisis presenta dos retos fundamentales para la nueva administración felipista. Ambos, por fortuna, se dan en el contexto de un clima de estabilidad no antes presenciado por la gran mayoría de los mexicanos, acostumbrados a ciclos de crisis económicas, como fenómeno inexorable de nuestra generación devaluada.

La estabilidad de precios significa que los ciudadanos mexicanos pueden ver hacia un horizonte de largo-plazo—dando como un hecho una volatilidad más o menos baja de variables como el tipo de cambio, la tasa de interés e índices de precios al consumidor. Los agentes económicos ya pueden planear, ya pueden calcular una tasa interna de retorno o hacer descuentos a valor presente, ya pueden colocar instrumentos a plazos más largos. Este fue, como otros han mencionado, un factor que la oposición obradorista subestimó en su campaña, y que eventualmente, probablemente, le costó la elección.

Sin embargo, la nueva administración hereda un entorno de crecimiento mediocre, después de décadas de un desempeño muy por debajo de las posibilidades del país. Por otro lado, la dependencia de nuestra economía sobre el ciclo estadounidense deja entrever un ajuste a la baja en el 2007. México no puede seguir abusando de las válvulas de escape que encuentra a su disposición, ya sea en la economía informal, donde laboran millones de mexicanos, o en la exportación de mano de obra al norte de la frontera.

Para ello, el reto felipista implica sacar adelante la serie de reformas estructurales que se atoraron en esta administración, particularmente la transición hacia un sistema de impuestos uniforme, que elimine regímenes diferenciados. Asimismo, siguen en la agenda económica los cambios estructurales en el régimen de inversión de energía, así como una reforma para hacer más flexibles los mercados laborales.

Estos cambios son necesarios para elevar las oportunidades de inversión y permitir mayores índices de productividad. Empero, ello requerirá construir los consensos que no se han logrado aterrizar en esta administración saliente. El país se encuentra polarizado, dividido en medio de un clima de incertidumbre, de desintegración política, de falta total de respeto a las leyes y a las instituciones. Los retos que enfrenta la administración no son función de buenas intenciones, sino del más eficiente pragmatismo político. El diálogo es una herramienta fundamental, pero es posible que se deba contemplar un choque radical de confianza que permita recuperar la credibilidad de las leyes y las instituciones.

Felipe Calderón hereda no una devaluación cambiaria, sino una devaluación de las instituciones, provocadas por la falsa tesis que la tranquilidad social es prioritaria al estado de derecho. Hoy, ni paz, ni imperio de la ley, tenemos. Pero, como siempre en nuestro país, una crisis también es una oportunidad de transformación integral.