Inicié ayer el análisis de actividades, como la telefonía y la transmisión de TV por cable, que parecen caer en la categoría de monopolio natural discutida en entregas previas, para concluir que, en el caso de la telefonía, había la lección en EU de 93 años de tendencia gradual pero clara a una mayor competencia.

En nuestro país Teléfonos de México se consolidó como monopolio del gobierno en 1972 y la calidad de su operación se fue en picada, como suele pasar con casi todos los monopolios públicos, por falta de recursos para inversión, rezago en la elevación tarifaria y prácticas de empleo mucho menos rigurosas que en la empresa privada.

A la Telmex la ordeñaba el gobierno para conseguir efectivo para sufragar otras actividades y dar servicio a una descomunal y creciente deuda pública. El corolario fue un mal servicio; algunas tarifas elevadas y otras subsidiadas; escasez de teléfonos públicos; y demoras de varios años para conseguir líneas.

Al inicio de la administración de Carlos Salinas se decidió privatizar el monopolio telefónico, pero con tres condiciones:

1. Que el control accionario mayoritario permaneciera en manos de mexicanos.

2. Que en un plazo razonable la empresa dejara su posición monopólica y hubiera una sana competencia en el sector.

3. Dadas las condiciones anteriores, maximizar los ingresos para el gobierno de la venta de la empresa.

Considerando la magnitud de los recursos que se requerirían para cumplir con la primera condición enunciada, fue necesario hacer malabarismos de ingeniería financiera para que con menos del 6% del valor de las acciones, uno de los licitantes consiguiera quedarse con el control accionario de la empresa.

Grupo Carso presentó la mejor oferta pecuniaria en la subasta con la que se privatizó Telmex, así como un sólido proyecto de renovación tecnológica y crecimiento para lo que se asoció con Southwestern Bell y France Telecom.

Como preparativo para la privatización, la autoridad financiera encargada de su venta negoció con el poderoso sindicato de telefonistas, a los que hicieron accionistas, para superar así su oposición política a la venta de la empresa, como la que hoy exhiben con ferocidad algunos trabajadores eléctricos.

Parte de esta negociación implicó que se convinieran condiciones más flexibles para que la telefónica, una vez privatizada, tuviera el espacio para operar una política de personal más compatible con los fines de una entidad cuya principal motivación sería la generación de utilidades.

Asimismo, se elevaron las tarifas en 61% y se le permitió a la compañía, una vez privatizada, acreditar contra el pago del impuesto especial al servicio telefónico, hasta por el 65% de sus inversiones, lo que reducía en los hechos la tasa efectiva del impuesto del 29% al 10% de la facturación.[1]

Entre los activos que se vendieron con Telmex estaban la única concesión, hasta entonces, de telefonía celular a nivel nacional; la red federal de microondas y numerosas bandas de frecuencias; y poder ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción de radiodifusión y TV.

El mercado doméstico se abría a la competencia al privatizarse la empresa, pero no así el mercado de larga distancia nacional e internacional que seguiría en manos exclusivas de Telmex por seis años más. La gradual eliminación de los subsidios domésticos hizo, sin embargo, que los ingresos por servicio local crecieran más rápidamente alrededor del período de traspaso de la compañía.

Al momento de venderse Teléfonos de México se veía con entusiasmo el futuro de una empresa dinámica, en plena competencia favorable a los consumidores, y que al ya no operar como monopolio público, podría crecer mucho más rápido sin ser una carga para el erario sino todo lo contrario.

Mañana analizaré qué pasó en realidad.