Una de las condiciones que mayor importancia tienen para que un país se desarrolle de manera sostenida es que los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos en el marco legal y que además estén eficientemente garantizados por un poder judicial que sea independiente e imparcial. La definición de los derechos privados de propiedad incluye tres elementos: el derecho a la posesión, el derecho de uso y el derecho a la transferencia. El primero de estos derechos, el de posesión, tiene que ser considerado como un derecho natural de los individuos, al derivarse del derecho a la vida misma. Nadie, mas que el propio individuo, es dueño de sí mismo y, en consecuencia, ningún otro individuo puede tener o ejercer algún derecho o reclamo sobre la vida ajena. De este derecho natural a la vida es que se deriva el derecho legalmente reconocido que deben tener todos y cada uno de los individuos de la sociedad a poseer bienes.

Estando reconocido el derecho natural a la posesión, adquiere relevancia el segundo elemento. Sabiendo cada individuo que los bienes que posee son efectivamente suyos, es que está en su interés darles aquél uso que considere es el más apropiado para lograr sus fines, en particular la maximización de su bienestar y el de su familia. Partiendo del hecho de que los recursos que se poseen son escasos y que su utilización conlleva incurrir en un costo de oportunidad, cada individuo buscará asignarlos hacia aquellos usos en donde la rentabilidad esperada sea la mayor posible, respetando siempre los derechos de propiedad de terceros, ya que es a partir de esto que el individuo generará el ingreso que le permita adquirir los bienes que desee consumir y con los cuales maximizar su bienestar. Cada individuo, actuando de esta forma e interactuando en mercados competitivos de bienes y de factores de la producción, deriva no solo en la maximización del bienestar individual y familiar sino también en la maximización del bienestar social. Finalmente, está el derecho a la transferencia, el cual establece que cada individuo tiene que ser libre de decidir si vende sus recursos, a quién se los vende y en qué circunstancias, en una operación de intercambio enteramente voluntaria, mismo que se da únicamente si existe un beneficio para las partes involucradas. Que las transacciones sean enteramente voluntarias implica, en consecuencia, que los mercados en los que se intercambian los bienes y recursos operen en un contexto de competencia.

Lo anterior viene a colación por el litigio que existe entre un particular, la Sra. Virginia Cacho Valdéz, quién se amparó en contra de un decreto de expropiación de unos terrenos a favor de la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual. Al momento de escribir este artículo, no había aun una sentencia definitoria al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia. En el fondo de la decisión que tome la Corte en este asunto está el futuro de la propiedad privada en México. La semana pasada, en la primera aproximación del Pleno de la Corte sobre este litigio, la mayor parte de los Ministros decidieron que el artículo 1 de la Ley de Expropiaciones, la cual establece en el inciso IX, que es causa de utilidad pública: “la creación, fomento o conservación de una empresa para beneficio de la colectividad”, es constitucional, argumentando que el artículo 27 de la Constitución establece que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación”, además de que este mismo artículo establece, en su segundo párrafo que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública”.

La pregunta que nos tenemos que hacer es si es justificable, bajo el argumento de utilidad pública, expropiar una propiedad privada, en este caso los terrenos en litigio, para transferírsela a otros agentes privados, en este caso la Cooperativa Pascual. ¿En qué se beneficia la colectividad con esta expropiación? Los 7,000 cooperativistas, aunque sean muchos, no son “la colectividad”. Una expropiación a favor de una cooperativa, aunque ésta sea considerada constitucionalmente como de “interés público”, no valida el acto expropiatorio. Interés público no es lo mismo que utilidad pública. Si la Corte determina que la expropiación es válida, se sentará un muy peligroso precedente en la garantía de los derechos privados de propiedad ya que cualquier recurso privado podrá ser expropiado a favor de cooperativistas o sindicatos, lo que pondría el clavo al ataúd que enterraría, definitivamente, cualquier posibilidad de desarrollo de México.