Tenemos un presupuesto inercial. Quienes lo elaboraron simplemente están siguiendo la inercia de los años anteriores. No han partido de cero, como se debería hacer, para preguntarse qué se necesita para construir un país más competitivo y próspero o cómo ayudar a los más pobres. Su problema ha sido cómo reasignar el gasto para mantener contentos a los grupos de poder que de una forma y otra viven del presupuesto.

Pero si las exigencias son iguales o mayores que en el año anterior, el dinero disponible se hace menor. Se calcula que el precio del petróleo de exportación, que rebasó los 50 dólares por barril en este 2006, apenas promediará 42.50 dólares en el 2007. Y dada la dependencia que el gobierno tiene del petróleo, habrá una disminución importante en los recursos.

El gobierno piensa compensar la caída de los precios petroleros no con una reforma fiscal integral, que haga que todos los que tienen capacidad económica paguen impuestos justos, sino con una serie de impuestos especiales. Así, un nuevo impuesto al tabaco levantará 6,800 millones de pesos, o quizá más si se cumple el objetivo de algunos diputados de aumentarlo todavía más, pero afectará a los 250 mil campesinos y trabajadores que viven del cultivo y la producción de tabaco. Un nuevo impuesto a los refrescos, que recaudará 3,100 millones de pesos, encarecerá este producto por el que los pobres gastan tanto como para la tortilla. Unos ajustes al impuesto al activo generarán 6,800 millones de pesos de ingreso pero castigarán a las empresas que más inviertan, lo cual manda a los inversionistas una mala señal.

Del lado del gasto, el presidente Calderón trató de hacer un recorte a los subsidios a las universidades públicas, pero los rectores resultaron más poderosos y lo obligaron a echarse para atrás. Pero si las universidades consiguieron su dinero, las primarias y secundarias, que subsisten en condiciones realmente lamentables, no recibirán el dinero que necesitan para mejorar sus instalaciones y la calidad de la instrucción.

Sube el gasto en seguridad pública, lo cual es comprensible dadas las condiciones de algunas entidades del país, como Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Baja California, que sufren de grandes embates del crimen organizado, mientras que en Oaxaca la APPO continúa siendo una amenaza contra la estabilidad y la actividad económica.

Baja, de manera muy importante, el presupuesto de comunicaciones y transportes, lo cual puede tener consecuencias dramáticas. La infraestructura, y en especial las carreteras, son esenciales para generar un crecimiento económico sano. El gobierno piensa que una parte del recorte se puede compensar con inversión privada, y es verdad. Pero hay otra que no. Difícilmente los caminos rurales, los que necesitan las comunidades indígenas, pueden financiarse con fondos privados.

Me queda claro que a un mes de haber comenzado el actual gobierno no era posible presentar un proyecto de reforma fiscal a fondo. Pero, ojalá, que el próximo año se haga el trabajo y cambiemos de raíz la manera en que el gobierno recauda y gasta su dinero.