El nombre, el partido político y hasta el año de que se trate es lo de menos: Se aprueba un nuevo presupuesto público, se anuncia que los legisladores lograron más recursos de los que había propuesto originalmente el Ejecutivo, se festeja esa victoria. ¿Victoria?, ¿para quién?

Es otro ejemplo de nuestra pertinaz miopía acerca de lo que se ve y de lo que no se ve; lo que no se ve, lo que no se festeja, es –hay que repetirlo- lo más importante.

Podríamos tomar multitud de partidas específicas del presupuesto para mostrar no sólo que mayor gasto no significa, necesariamente, mayor bienestar o la creación de un valor que antes no existía, sino que por lo general hay una pérdida neta –para la sociedad en su conjunto- derivada de la asignación de tales recursos.

Por una parte, existe el costo directo: El conjunto de los contribuyentes ve mermados sus recursos propios en un porcentaje (llamémoslo “T”) equivalente a la tasa neta final de impuestos, contribuciones y otras cargas fiscales que paga. Por “otras cargas fiscales” me refiero a múltiples costos asociados al gasto gubernamental: Disminución de recursos disponibles para crédito (en la medida que el gobierno recurre a los mercados para financiarse), presión sobre las tasas de interés, inflación derivada del gasto improductivo y otras “añadiduras” más o menos costosas, como pueden ser las corrupciones y las ineficiencias en el ejercicio del gasto público, e incluso el costo de los controles burocráticos establecidos para combatir tales corrupciones e ineficiencias. El político típico oculta “T”.

Por otra parte, en cada caso específico la elección de gasto ha implicado múltiples renuncias al uso de tales recursos para otros fines alternativos dentro del mismo presupuesto: Lo que destino a un gasto etiquetado como “educación superior” implica gastar menos en otro rubro etiquetado como “educación básica”. ¿Cuáles son los costos de oportunidad implícitos en esa elección?, ¿acaso los legisladores hicieron una evaluación precisa y objetiva de esos costos de oportunidad?

Y ello, para no entrar a discutir la inoperancia e impertinencia de la mayor parte de los indicadores de resultados diseñados para el gasto público, así como la muy escasa calidad de las herramientas de medición aplicadas a tales resultados.

Esta miopía específica respecto del gasto público –y de su contraparte: los costos fiscales para consumidores y contribuyentes- recibe el nombre de “ilusión fiscal”. Es una ilusión que explotan con gran rentabilidad esos grandes ilusionistas que son los políticos. El ilusionismo, ¿hay que repetirlo?, consiste, entre otras cosas, en ocultar “T”.

Llegará el día, esperemos, en que al aprobarse un nuevo presupuesto festejemos, entonces sí, auténticas buenas noticias: Que el gasto público disminuya. No estaría nada mal; para variar.