Después de la aprobación casi por unanimidad de la Ley de Ingresos, la miscelánea fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, se afirma que en el Congreso de la Unión existe el consenso para, ahora sí, sacar adelante una reforma fiscal integral. De entrada, este supuesto consenso está en duda ya que los postulados de política fiscal, particularmente los de política tributaria, varían diametralmente entre los diferentes partidos políticos y al parecer la única cosa en la que coinciden, sin estar necesariamente en lo correcto, es que es necesario aumentar la recaudación. Sin tratar de aguarle la fiesta a los entusiasmados del “ahora sí se van a poner de acuerdo”, en la discusión que se vendrá al respecto es necesario que los legisladores se planteen algunas preguntas básicas como son las siguientes:

¿Cuánto del presupuesto del sector público federal es en realidad un desperdicio de recursos lo que implicaría una destrucción neta de riqueza? ¿Cuál es la verdadera contribución de cada rubro de gasto al bienestar presente de la población? ¿En cuanto efectivamente contribuye cada peso del gasto del sector público a incrementar el potencial de crecimiento de la economía? Un rápido vistazo al presupuesto aprobado para este año nos muestra que efectivamente existe un monto significativo de recursos que pueden ser calificados como desperdicio: programas que siguen allí solamente por inercia presupuestal aunque su existencia ya no se justifique (suponiendo que cuando se crearon sí se justificaban); rubros de gasto que atienden a grupos particulares de interés, incrementándoles su flujo de ingreso a costa del bienestar de la generalidad de la población; estructuras burocráticas sobrantes; proyectos de gasto público que fueron aprobados y que se ejercerán sin haber sido correctamente evaluados para establecer que tengan un valor presente neto positivo; etcétera. Así, antes de entrar a la discusión de si es necesario aumentar la recaudación, lo primero que tendrían que ver los legisladores es cuanto del presupuesto de más de 2.2 billones de pesos no debería ni siquiera haber sido aprobado y/o cual es una asignación socialmente más eficiente de ese total de recursos.

Si se concluye que efectivamente, habiendo establecido una asignación socialmente óptima de recursos públicos (supuesto guajiro dado que se trata de políticos y burócratas que gastan recursos que no son de su propiedad), es necesaria una mayor recaudación, entonces se puede pasar a la segunda parte de las preguntas fundamentales partiendo del hecho básico de que los impuestos tienen como única función dotar al gobierno de recursos y que usar el sistema tributario para redistribuir el ingreso es ineficiente. Con esta consideración, los legisladores se deben preguntar:

Partiendo de que todos los impuestos generan una pérdida en el bienestar de la sociedad, ¿cuál es la combinación óptima de impuestos tal que para una recaudación determinada se minimice el costo en bienestar social? ¿Cuál es la estructura tributaria que, para una recaudación determinada, genere los incentivos eficientes al trabajo, el ahorro y la inversión nacional y extranjera? ¿Cuál es el diseño tributario que minimice los costos de administración para las personas físicas y las empresas, así como los costos de fiscalización para el gobierno? ¿Cuál es la estructura tributaria que minimice los incentivos a la evasión y la elusión fiscal? ¿Cuales son las tasas impositivas de cada gravamen que le permitan al gobierno obtener la recaudación deseada sin generar simultáneamente un alto costo en bienestar social y sin que se constituyan como un elemento que inhiba el crecimiento económico? ¿Qué hacer con los precios de los bienes que el gobierno produce?

Si los legisladores realmente le entran a discutir y contestarse todas estas preguntas, entonces quedará claro que el supuesto consenso del que ahora tanto se vanaglorian en realidad no existe. ¿Están dispuestos a reducir significativamente la tasa y los escalones del ISR a personas físicas? ¿Están dispuestos a homogeneizar el IVA? ¿Están dispuestos a eliminar de una vez por todas los regimenes especiales de tributación que benefician a los grandes transportistas y agricultores? ¿Están dispuestos a eliminar la consolidación tributaria de pérdidas fiscales? Y más. ¿Consenso? Ni de milagro.