Un lector nos hizo llegar la siguiente observación: que ya no critiquemos tanto al sistema y privilegios fiscales en México y nos dediquemos a hacer más bien propuestas para el cambio. Bueno, a este estimado lector debemos decirle que no ha leído todos nuestros artículos (no me refiero sólo a este servidor, sino al resto de los colaboradores de la página) en donde continuamente ofrecemos las propuestas y sugerencias para que de una vez por todas se eliminen los privilegios fiscales, así como llegar a un sistema fiscal sencillo, transparente y justo.

A propósito de este inquieto lector y de la intención (por lo menos así lo han expresado en los distintos medios) de los legisladores, de ya, de una vez en enero, comenzar a recopilar propuestas para que, a la brevedad posible (ahora más que nunca tal vez obligados por el derrumbe en el precio del petróleo), se realice al fin la reforma fiscal, a continuación enumeraremos algunas de las propuestas fiscales que ya han sido instrumentadas con éxito en otros países (no estamos inventando el “hilo negro”) y que por supuesto, sería deseable aplicar en nuestro país. La caída reciente en el precio del petróleo hace urgente la aplicación de estas propuestas fiscales.

Impuesto flat tax (impuesto único). A este impuesto también se le denomina en castellano impuesto lineal de Hall y Rabushka (en virtud de los economistas que lo propusieron, Robert Hall y Alvin Rabushka) y que fue propuesto (al menos una parte de la propuesta original de sus creadores) en la campaña presidencial del candidato Steve Forbes. La idea original se basaba en dos instrumentos recaudatorios: un impuesto sobre las empresas y otro sobre las retribuciones individuales. El cálculo de la base imponible del impuesto sobre las empresas sería inicialmente al del IVA (impuesto al valor agregado ó impuesto al consumo). La principal diferencia es que la empresa deduciría los salarios pagados a sus trabajadores. La base del impuesto individual estaría constituida por los ingresos obtenidos por las personas. En la propuesta de Hall y Rabushka los ingresos de capital quedaban libres de gravamen en la esfera individual. En principio, a esta base se le podría aplicar cualquier tarifa, proporcional ó “progresiva” (si se establece un mínimo de exención), pero ya no habría ninguna otra deducción (este esquema acabaría en México con las múltiples tasas y exenciones que dan pie a numerosos privilegios fiscales). Hall y Rabushka propusieron que el impuesto fuera del 19% para todos, empresas e individuos (bueno, al final detrás de las empresas hay individuos). En este sentido, la propuesta del impuesto flat tax es similar a la de un impuesto al consumo. ¿Por qué? Ya dijimos que la propuesta original era gravar con una tasa de 19% a empresas y asalariados (sin deducciones). Hay que recordar que en el IVA, la base imponible de la empresa es igual a sus ventas, menos las compras a otras empresas. Los pagos salariales no son deducibles, por lo que los ingresos de las personas quedan también gravados con un 19%. Bajo la propuesta de Hall y Rabushka, los ingresos salariales son deducibles en el impuesto sobre la renta de las empresas, pero están gravados en lo individual. Así pues, la cantidad de impuesto pagada es exactamente la misma que en un IVA. Ese es lo atractivo del flat tax; al equivaler a un impuesto al consumo, distorsiona en menor medida los precios relativos (lo que elimina el exceso de gravamen sobre las empresas y personas), lo que implica que este impuesto sería neutral y no tendría efecto alguno sobre las decisiones de ahorro e inversión de los agentes económicos. En versión moderna, el flat tax ha sido aplicado incluso a una menor tasa de la que sus creadores propusieron. Ha sido exitoso en países de Europa del Este como Estonia. México daría un gran avance en materia tributaria si, además de hacer sencillo el pago de impuestos (pensando en los contribuyentes), lo hace aplicando una tasa única (ya los tecnócratas de Hacienda fijarían la tasa, pero tendría que ser muy menor al actual ISR) que elimine todo tipo de exenciones y privilegios que en general dominan a nuestro sistema impositivo.

Presupuesto multianual. Es necesario que en México el presupuesto de ingresos egresos de la federación se diseñe con criterios estrictamente técnicos. No es posible que siga imperando el capricho y el “me late” en los políticos mexicanos para asignar dinero del contribuyente a tal ó cual partida. Asimismo, es necesario que las dependencias de todos los niveles de gobierno implanten de una vez por todas criterios de costo-beneficio para evaluar el éxito ó fracaso de sus programas. Es necesario acabar con los actuales criterios de asignación de recursos en donde una dependencia que obtuvo “economías” y por tanto no gastó todo lo asignado, se le acusa de realizar “subejercicios” y se le “castiga” con menores recursos para el próximo año. No, eso sólo genera incentivos perversos al derroche de los recursos escasos del contribuyente. El presupuesto de base cero perseguía eliminar esto, pero no ha pasado de aplicarse en unas cuantas dependencias. Es necesario implantar criterios técnicos de asignación de recursos en todas las dependencias del gobierno, para que los proyectos que se realizan con dinero del contribuyente se hagan con estrictos esquemas de costo-beneficio (que monitoreen la efectividad de sus programas, cancelando a los programas que no obtienen buenos resultados) que premien a las dependencias que mejor gastan (y que lo justifican con evaluaciones serias a sus programas) y sancionen a aquellas que no justifican con buenos resultados el buen ejercicio de los recursos públicos. La implantación de criterios de costo-beneficio permitiría diseñar presupuestos multi-anuales, con fórmulas preestablecidas que no podrían ser cambiadas por criterios políticos. Así se hace en otros países más avanzados, en donde el presupuesto se ejerce con criterios técnicos y no está sujeto a la presión de los grupos de interés. En México, la politización en la asignación del gasto sólo genera excesos que afectan los niveles de producción de la economía. Cuando hay ingresos altos en las arcas del gobierno, por petróleo por ejemplo, los políticos asignan dinero en exceso a diversos programas, lo que hace que el PIB se vea afectado (el PIB se expande por encima de lo técnicamente deseable, resultado del abultado gasto del gobierno). Y viceversa, cuando los ingresos de las arcas gubernamentales caen, entonces los recortes al presupuesto afectan muy negativamente al producto de la economía (el PIB se contrae por debajo de lo técnicamente deseable resultado de depender en exceso del gasto público). Al momento de leer este artículo amigo lector, ya el precio del petróleo que los diputados estimaron en el presupuesto está en su límite (para cuando se publique este artículo, a lo mejor ya el precio del petróleo que fijaron los diputados, quedó por encima del estimado en los mercados internacionalmente; ojalá no sea así), pues el precio del petróleo internacional se está derrumbando. Esto podría obligar a que el gobierno haga recortes presupuestales que afecten seriamente a la actividad económica. Claro, hace unas semanas para sacar el presupuesto adelante, a los políticos se les hizo fácil “mocharle” al fondo petrolero cerca de 20 mil millones de pesos (además de subir “unos centavos de más” el precio del barril del petróleo, para poder gastar, sin justificación alguna, otros milloncitos de pesos más). Como siempre, el criterio político se impuso al económico. Es de vital importancia acabar con estas prácticas perversas en el ejercicio del presupuesto que sólo vuelven más profundas las alzas y caídas del PIB (una acentuación innecesaria y dañina del ciclo económico). Necesitamos un gobierno que gaste menos, con criterios de eficiencia y cuyo ejercicio de gasto sea neutral en las decisiones de ahorro, inversión y producción de los agentes económicos. A ver qué dicen ahora los diputados que “apostaron” a que el precio del petróleo no caería (usando una metodología cuestionable). Son los costos de que el presupuesto dependa excesivamente del petróleo. Son los costos de que nuestros políticos sean ingenuos e irresponsables.

Corresponsabilidad fiscal de los Estados. El gobierno federal debe insistir en compartir mayores responsabilidades de recaudación con los estados y municipios; que el federalismo no sólo incluya mayores transferencias de recursos del gobierno federal, sino también que los gobiernos locales asuman mayores responsabilidades de recaudación. Si los gobiernos locales dependen de manera excesiva de las transferencias del gobierno nacional se pueden generar una serie de distorsiones como el uso ineficiente de los recursos públicos al no enfrentar las autoridades locales los costos de generar ingresos. Ya en el actual presupuesto, los gobernadores le mocharon más de 17 mil millones de pesos y quieren más. Gastar y gastar; claro, a los gobernadores les tiene sin cuidado sus finanzas si sus ingresos provienen en su mayoría de la Federación. Estirar la mano siempre es lo más fácil. Depender en exceso de los ingresos petroleros también es lo más fácil. Al romper el vínculo entre fuentes de ingreso y objeto de gasto se afecta incluso el desarrollo del proceso democrático, lo cual tiene impacto sobre la efectividad del gasto público. Esto se debe a que los gobernadores no enfrentan directamente los costos asociados a la recaudación. Para evitar este problema es necesario que el Ejecutivo insista en que las transferencias a los estados también deben ser condicionadas a criterios de costo-beneficio, tratando de que en el futuro, el gasto de los estados y los municipios dependa en mayor medida de los ingresos generados entre su población. Sólo eso incentiva el comportamiento fiscal responsable.

Rendición de cuentas. La población que paga impuestos en México tiene la percepción de que sus impuestos no son bien empleados. Y tienen razón. Pagamos impuestos, y los servicios públicos son muy malos. Esto está asociado a los criterios de eficiencia arriba señalados. Además de los excesos presupuestales, los mexicanos tenemos la percepción de que hay toda una mafia de corruptelas que termina apropiándose de nuestros impuestos. Para verdaderamente vigilar al gobierno y los grupos del interés que le rodean, proponemos eliminar a la actual Secretaría de la Función Pública. No es lógico que el gobierno se audite asimismo. Es aberrante que esta función esté en manos del propio gobierno. Además, si evaluamos con criterios de costo-beneficio a esta dependencia, ya desde cuando tendría que haber cerrado por sus magros logros. Sería mejor que el gobierno, si de verdad desea ser auditado con credibilidad, permita a organizaciones civiles (ONGs, asociaciones de profesionistas, grupos académicos, despachos independientes, etc.) el entrar a vigilar cómo, en qué y por qué gasta el gobierno.

La instrumentación de las anteriores medidas, apenas serían un comienzo para modernizar a México, pero constituiría también el primer gran paso para hacerlo de manera sólida y sostenida. Tal vez la caída en el precio del petróleo nos obligue de una vez por todas a realizar la reforma fiscal necesaria. Tienen la palabra los políticos.