Los debates sobre la reforma fiscal integral parecen ser eternos. Todos coinciden en la necesidad de un cambio, pero éste no se da. La explicación, quizás, reside en la serie de diferencias conceptuales que se manejan sobre la necesidad de una reforma integral. La administración pasada propuso una reforma para mejorar el ingreso tributario, y con ello disponer de mayor gasto.

La (virtual) lotería de recursos petroleros evitó la necesidad de un ajuste mayor, cosa que los legisladores han pasado completamente por alto en sus matemáticas alegres y el voluntarismo tributario de sacar nuevos recursos para gastar de la nada. Este espejismo, por cierto, ha dado lugar al tropicalismo socialista de Chávez—un sueño que se convertirá en pesadilla cuando los precios del petróleo se estabilicen en niveles menores.

La reforma integral debe concebirse como una revolución del entorno actual—una profunda reforma en ingresos, como en egresos. Ello nos lleva, directamente, a reflexionar sobre la reforma del Estado—qué tipo de Estado queremos, para qué queremos tal o cual tipo de Estado, en qué debemos invertir el recurso público, y cómo podemos mejorar esa inversión. Hay diversas razones, o motivos, detrás de una revolución fiscal.

Una razón capital es la necesidad de simplificar los trámites de tributación. Hoy, el ejercicio de cumplir con los requerimientos tributarios del país es una misión imposible. Los costos de la reglamentación fiscal, los huecos que nos obligan a buscar, son esencia y consecuencia de nuestro laberinto—un laberinto costoso, corrupto y lleno de intereses que se han acostumbrado a vivir del mismo. El costo de oportunidad de empezar desde cero es nulo. La ganancia en mayor productividad, al contrario, sería exponencial.

Otra razón importante es la necesidad de eliminar los costos de inestabilidad fiscal. El sistema de misceláneas anuales nos obliga a ajustar expectativas, y comportamientos, cada nueva temporada fiscal. Los agentes responden más a mecanismos de defensa ante un nuevo frente tributario que ha cumplir con sus obligaciones. Si los impuestos son sólo una herramienta para tapar hoyos presupuestales, habrá el incentivo perverso de inventar, cada nuevo ciclo, un nuevo gravamen. Un sistema que genere estabilidad fiscal implicaría que las decisiones empresariales se tomen en forma independiente de las expectativas de ajuste estacional que siempre acompañan las modificaciones al régimen fiscal.

En otras palabras, la regla operativa debería ser “no le muevas,” o, por lo menos, que un cambio tributario importante tenga justificación independiente.

Quizá la razón más importante detrás de la reforma fiscal, o revolución fiscal, es la necesidad de eliminar las tremendas injusticias que se derivan de los privilegios, es decir, del sistema de tasas diferenciadas. Subsidiar el consumo por la vía impositiva privilegia mucho más al que más tiene que al que menos tiene—y perjudica a estos últimos, al dejar sobre la mesa fiscal recursos que se podrían haber gravado. Un beneficio secundario de la eliminación de los regímenes diferenciados es el aumento de la recaudación.

Otro apartado fundamental es que, a la par de una reforma de ingresos, debe darse una reforma de egresos—una estrategia que logre eficientar el gasto público. Ello requiere una labor permanente de encontrar desperdicios, tela de dónde cortar, y encontrar siempre la forma más eficiente (pública o privada) de financiar los gastos del gobierno.

La reforma fiscal se ha vuelto impostergable. Hay déficit fiscal a la vista—con los efectos nocivos que genera en la economía real. Es tiempo de pensar en una revolución.