Reaparece en la agenda pública la intención del gobierno y del Congreso de promover una reforma fiscal, con el acicate que representa el peligro de la caída en el precio del petróleo al ser las transferencias de Pemex la tercera parte de los ingresos del gobierno federal.

Aunque la revista The Economist considera que los precios del petróleo repuntarán y que el nivel de la mezcla mexicana de exportación se mantendrá este año, en promedio, 21.5% arriba del precio estimado para calcular el presupuesto, es un hecho que el volumen de exportación está cayendo y que es necesario adaptar las finanzas públicas.

Hoy se da la paradoja que la carga fiscal como proporción del PIB es una de las más bajas del mundo, apenas superior al 11%, mientras que el causante cumplido dedica ocho meses y trece días del año a trabajar para el fisco. La aritmética del cálculo es la siguiente:

La cuenta anterior hay que ajustarla a la estructura del ingreso y gasto de cada persona pero da una idea de la situación de un número elevado de causantes que no puede deducir casi nada de su carga impositiva o eludir su pago.

A esto hay que sumar otras exacciones que no recauda el gobierno pero que resultan de su ineptitud en la prestación de servicios esenciales, como el pago involuntario que se hace a ladrones y secuestradores, y a “guaruras,” blindajes y alarmas a los que se recurre para evitar ser sus víctimas.

Quienes viven en la economía subterránea tampoco se escapan porque son objeto de coerción por los policías que les exigen su “moche” lo que, además de representar incertidumbre y zozobra, significa una proporción no trivial de sus ingresos.

Una reforma fiscal deseable parte de los objetivos clásicos de alcanzar una mayor eficiencia en la economía y en la propia recaudación, cumpliendo con los principios de equidad horizontal (quien gane igual pague lo mismo) y vertical (quien gane más pague más).

A partir de tales principios, y sin reparar por el momento en su viabilidad política, las modificaciones que habría que emprender son:

1.      Eliminar exenciones y tasas cero en el IVA pues su recaudación sólo será efectiva al estar eslabonado sin excepciones, lo que convierte a cada causante en un agente involuntario pero muy efectivo del fisco pues su carga disminuye si el impuesto se pagó en las etapas previas. Así, se podría elevar la recaudación del ridículo nivel del 3% del PIB que tiene hoy, a cerca del 10% sin elevar la tasa prevaleciente del 15%.

2.      Simplificar la estructura del Impuesto sobre la Renta que aún es muy compleja y que genera desincentivos al ahorro y la inversión al gravar varias veces el ingreso al capital. Una opción sería gravar flujos de efectivo que son más fáciles de estimar que los ingresos.

3.      Eliminar regímenes especiales que generan una evasión extendida.

4.      Mantener el impuesto sobre el activo para evitar la evasión en las empresas.

5.      Eliminar los gravámenes en los niveles más bajos de ingreso para atraer a causantes que actualmente se ubican en el sector informal de la economía.

En próximos Aquelarres abordaré otros aspectos de la reforma esbozada aquí, empezando por lo que hemos señalado repetidamente: para que el gobierno justifique ante la sociedad que realmente requiere de mayores ingresos, debe empezar por comprobar con claridad meridiana la rentabilidad social del gasto que ejerce.