El presidente Felipe Calderón y los miembros de su gabinete se han encargado de decir en todos los foros que en México no existen los controles de precios. Y qué bueno que así sea. Mucho ha avanzado el país desde los tiempos en que cualquier funcionario público podía llegar y ordenar a las empresas o a los ciudadanos cuánto cobrar por sus productos o servicios.

Sin embargo, en el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla, que firmaron el gobierno y representantes de algunas organizaciones de productores, distribuidores y vendedores de maíz y de tortilla, se ha incluido una medida que parece ser un primer paso de un mecanismo de control de precios. El pacto establece que las tortillerías venderán el kilo de maíz a un máximo de 8.50 pesos, cuando menos en el área metropolitana de la ciudad de México. Señala también que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) castigará los abusos de los vendedores, lo cual se interpreta como una amenaza a quienes se atrevan a subir el precio por arriba de lo que fija el pacto.

El problema para las pequeñas tortillerías del país es que el acuerdo ha oficializado por un lado un precio de 3,500 pesos por tonelada de maíz, lo cual representa un incremento de más de 100 por ciento sobre los 1,200 a 1,450 pesos que se pagaban hace un año, mientras que a las tortillerías sólo se les ha permitido subir el precio de la tortilla de 6 a 8.50 pesos por kilo, menos del 50 por ciento.

Según los tortilleros, a los grandes grupos comercializadores que aparentemente acapararon el maíz en estas últimas semanas se les está premiando con un aumento muy generoso del precio, mientras que a los tortilleros, que fueron en buena medida víctimas del acaparamiento, se les está castigando. Las estadísticas sugieren que debe haber más de un millón de toneladas de maíz blanco en bodegas en todo el país, porque ésa es la diferencia entre lo producido y lo vendido hasta ahora. Y ese maíz no está en las pequeñas instalaciones de las tortillerías, que difícilmente pueden guardar nixtamal para dos días de ventas.

El presidente Calderón, por supuesto, está reaccionando a una situación que se le estaba complicando enormemente en lo político. El alza en el precio de la tortilla ha significado el golpe más fuerte al gobierno en el muy poco tiempo que tiene de ejercer su responsabilidad. La popularidad ganada por el presidente con los operativos en contra de la narcoviolencia se ha desplomado en muy poco tiempo por el aumento en la tortilla y en otros bienes básicos de consumo.

Las autoridades, sin embargo, no deben perder de vista el hecho de que los controles de precios son, en primer lugar, ilegales, ya que en nuestro actual marco jurídico no hay justificación para que el gobierno reemplace al mercado en su función. Tampoco pueden cerrar los ojos a la experiencia histórica que nos dice que los controles de precios son un instrumento que genera corrupción y mercados negros, desincentiva la producción y eleva más los precios en el mediano y largo plazos.

Esperemos que el control de precios del Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla se elimine pronto y en cambio se fortalezcan los elementos, que también están presentes, que buscan incrementar la oferta, ya que ésta es la única manera de promover un equilibrio real y sustentable de los precios.