En mi Aquelarre Económico de ayer planteé la opinión de reconocidos académicos de que la única solución para enfrentar los problemas derivados del narcotráfico, era declarar ganada esa guerra y proceder a legalizar el uso de drogas hasta hoy prohibidas, sujetarlas a elevados impuestos y tratar la adicción a su uso como un problema de salud pública.

Esa política debe emprenderla la principal nación de destino de las drogas, Estados Unidos, para que en el mundo globalizado del narcotráfico el resto de los países puedan hacer lo mismo. Sin embargo, la probabilidad de que tal cosa suceda es inexistente en las actuales circunstancias políticas.

Surge, por lo tanto, la cuestión de cuál sería la estrategia menos costosa para un país como México que se ha convertido no sólo en sitio de tránsito de drogas, como lo fue inicialmente, sino en un centro importante de producción, comercialización y consumo de las mismas, y en el domicilio de algunas de las principales organizaciones de narcotraficantes del mundo entero.

Es evidente que México no puede seguir una política de legalización de las drogas en forma unilateral e independiente de Estados Unidos porque ello pondría en severo entredicho la relación bilateral y seguramente causaría la imposición de sanciones comerciales y financieras con grave daño para el país.

Hay que tener presente que aún el sensato intento que hizo la administración de Vicente Fox el año pasado por definir los montos mínimos de droga cuya posesión no constituye delito, de acuerdo a las leyes vigentes, crearon un gran escándalo en Estados Unidos y severas presiones sobre su gobierno.

Tal iniciativa del Congreso mexicano para modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, que pretendía llenar una laguna jurídica al definir el monto máximo –en cantidades realmente muy modestas-, de narcóticos que estaba permitido poseer “para consumo personal,” se caricaturizó en EU como una decisión que haría de México un paraíso para los drogadictos.

Por lo tanto, no queda otra que enfrentar al narco con los únicos medios que quedan al alcance del gobierno, que son la investigación criminológica y las fuerzas policiales, el ejército y la armada, para encarar a los capos y sus mesnadas, aunque con frecuencia cuentan con mejor armamento y, gracias a su enorme poder económico, superior información e “inteligencia.”

Tal estrategia resultará muy costosa porque los recursos del narco son los suficientes para corromper y destruir instituciones fundamentales para el buen funcionamiento del país como las fuerzas armadas y policíacas, el aparato judicial y hasta cuadros clave en los mandos del gobierno.

Sin necesidad de modificar las leyes en el sentido que había propuesto el Congreso y que Fox acabó vetando presumiblemente por la presión de Estados Unidos, las procuradurías de justicia y los jueces pueden instruir al ministerio público qué cantidades menores de droga no debieran ser objeto de una persecución policial y judicial activa.

De esta manera se lograría concentrar el grueso de la fuerza pública en perseguir a los narcotraficantes al mayoreo, que son los que representan un mayor peligro, y se liberarían recursos que hoy se dedican a perseguir a intermediarios menores en la cadena del narco.

Adicionalmente, la autoridad financiera debe seguir acotando el ámbito de las transacciones pecuniarias para continuar obstaculizando el lavado de dinero, que permite sacar de la ilegalidad a las enormes utilidades del narcotráfico y trocarlas en “fortunas respetables.”

La extradición de los capos y una mucho más estrecha cooperación con las autoridades de Estados Unidos y Canadá para plantear una estrategia común a nivel regional contra el narco también ayudarían, pero me temo que no son sino paliativos ante un problema que en la ilegalidad no tiene una solución fácil.