En el último Pesos y Contrapesos afirmé que el Estado y sus leyes no deben prohibir ni el juego, ni las apuestas, ni la instalación y operación de casinos, y no lo deben hacer por una cuestión de principio: ninguna de esas actividades es, por su propia naturaleza, delictiva, siendo tales las que violan el derecho a la vida (matar), a la libertad (secuestrar), a la integridad física (mutilar), a la propiedad (robar). Si una actividad no es delictiva por su propia naturaleza no debe ser prohibida por el Estado y sus leyes.

Más de un lector me ha criticado porque, si bien es cierto que ni jugar ni apostar son actividades delictivas por su propia naturaleza, son acciones que bien pueden arruinar a una persona e, inclusive, a una familia, sobre todo si, uno, la persona padece el vicio del juego y la apuesta y, dos, si su disposición de recursos es limitada. Cierto, muy cierto: jugar y apostar son actividades que pueden arruinar a una persona y a quienes dependen económicamente de ella (sin olvidar que lo contrario también es verdad: jugar y apostar pueden ser acciones que benefician), pero la pregunta es si el gobierno, asumiendo el papel de ángel de la guarda, con la intención de preservarnos de todos los males, comenzando por aquellos que podemos hacernos a nosotros mismos si al jugar y apostar perdemos, debe prohibir tales actividades. Mi respuesta sigue siendo la misma, ¡no!, y no por defender al juego y a la apuesta, sino por estar a favor de la libertad, aún en el caso en el que se usa de mala manera.

Hay quienes están convencidos que el Estado y sus leyes deben, entre otras muchas cosas, evitar que nos hagamos daño a nosotros mismos, razón por la cual deben prohibir desde el consumo de drogas hasta el juego y las apuestas. Aceptando, por el momento, su argumento, la pregunta que deben responder es ¿dónde trazar el límite? De todos los posibles daños que puede hacerse a sí mismo el ser humano, tanto por exceso, como por defecto, ¿cuáles deben prohibir, y cuáles permitir, el Estado y sus leyes? Insisto, ¿dónde se traza el límite?

Veamos. Lo correcto, desde el punto de vista de la salud, es dormir ocho horas diarias, de tal manera que, según esta conseja, todo aquel que duerme menos atenta contra su salud. Si ello es así, y si el gobierno, además de ser tal, ha de ser ángel de la guarda, y preservarnos de todo mal, comenzando por aquellos que nos hacemos nosotros mismos, ¿por qué, en aras de nuestra salud, no nos prohíbe dormir menos de ocho horas, ¡y ni un minuto menos!?

Seguramente que si el Estado y sus leyes aplicaran esa prohibición, más de uno se preguntaría “¿Quién demonios es el Estado y sus leyes para obligarme a dormir una determinada cantidad de horas, ¡por más buenas que sean sus intenciones!? La misma pregunta se puede hacer aquel a quien el Estado y sus leyes le prohíbe, por ejemplo, instalar y operar un casino, siendo que nada de ello es una acción delictiva por su propia naturaleza, tal y como sucede con la prostitución y el consumo de drogas, actividades que pueden, ¡y deben!, ser cuestionadas desde un punto de vista moral, pero que no son, ¡de ninguna manera!, delictivas por su propia naturaleza.

¿De qué estoy hablando? De la libertad, y de su consecuencia inevitable, sobre todo cuando se usa de mala manera: la responsabilidad. ¿Deben el Estado y sus leyes prohibir cualquier mal uso de la libertad, permitiendo solamente los buenos? Si así fuera, ¿cuál sería el resultado? Una sociedad de irresponsables, como en muy buena medida es la mexicana, con un gobierno que pretende ser ángel de la guarda, y preservarnos de todos los males, comenzando por aquellos que nos hacernos nosotros mismos, y hada madrina, y concedernos todos los bienes, inclusive aquellos que debemos conseguir por nosotros mismos.