El diccionario de la Lengua Española define soberanía nacional como “la que reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos.” Es evidente que los manifestantes de anteayer en México que exigieron la soberanía alimentaria ignoran esta acepción.

Sin embargo, la soberanía alimentaria, que sus proponentes definen cómo autosuficiencia nacional en la producción de alimentos, es una pésima idea pero no es nueva. Es de esas tonterías que reaparecen recurrentemente entre demagogos impermeables a toda lógica pero envueltos en la bandera nacional.

Pero si a la exigencia de la autarquía alimentaria se agrega bajar el precio de los alimentos básicos y subir los salarios de los trabajadores, llegamos a una colección de contradicciones absolutamente irreconciliables entre sí.

Trataré de ser lo más didáctico posible, aunque me temo que los defensores de las sandeces incompatibles no suelen contarse entre mis lectores habituales, a quiénes ofrezco una disculpa si les parece que mis razonamientos resultan tan obvios que ofenden a su inteligencia.

No tengo la menor duda que cualquier país puede lograr la autarquía alimentaria. La pregunta es a qué costo y quien lo paga. Para empezar, habría que erigir de nueva cuenta las barreras al comercio internacional y bloquear las importaciones y las exportaciones de alimentos, para empezar.

Pero esa medida no se puede tomar de inmediato pues claramente México es importador neto de productos en los que no tiene una ventaja comparativa, como los granos, y exportador neto de aquellos en los que sí la tiene, como son frutas y verduras.

Para ser autosuficientes en alimentos hay que cambiar los incentivos a los productores del campo para que dejen de producir aquello que estamos exportando y sembrar a cambio lo que ahora importamos, como maíz, trigo, sorgo y arroz.

Para lograrlo, habría que elevar los precios de lo que se pretende que siembren los campesinos y disminuir los de los productos que actualmente se exportan. Lo primero se lograría con la canalización de subsidios suficientes mientras que lo segundo se consigue mediante férreos controles de precios.

Que el valor de la cosecha de lo que ahora se producirá –por ejemplo maíz en lugar de aguacates- sea mucho menor, no importa, pues de lo que se trata es de alejarnos del abominado modelo económico “neoliberal” y movernos hacia uno en el que el gobierno adopte estrategias patrióticas como la autarquía alimentaria.

Obviamente, en estas circunstancias subiría el precio de los alimentos básicos pero eso tampoco importa porque lo mismo que se está subsidiando a los productores para que cosechen más alimentos que el gobierno quiere, también se puede subsidiar el precio para los consumidores.

Es más, para asegurar que el salario sea efectivamente remunerador, se le puede regalar a los consumidores pobres, por ejemplo aquellos que ganen menos de diez salarios mínimos, una canasta que incluya todos los alimentos básicos para que las familias puedan nutrirse dignamente.

¿De dónde saldrían los recursos para subsidiar a los productores y los consumidores al mismo tiempo? Evidentemente no se puede disminuir el gasto público en programas sociales, que ya absorben la mayoría de los recursos del erario, ni las transferencias a estados y municipios porque ello descobijaría la fuente de financiamiento de sus obras públicas y campañas políticas.

Es muy sencillo: hay que reestatizar el banco central al que se le otorgó su autonomía en un momento de paroxismo “neoliberal,” para poder utilizar de nuevo su crédito para los objetivos prioritarios de la Patria. En cualquier caso, su actual gobernador Guillermo Ortiz es un enemigo jurado de las causas populares y un “neoliberal” irredento, a quien hay que hacer juicio político.

¿Reconocen el modelito? Se llama la Docena Trágica, 1970-82.