Felipe Calderón propuso, la semana pasada, modificaciones al Código Penal federal, con el fin de castigar, con cadena perpetua, el secuestro de niños, mujeres y adultos mayores, lo cual es un despropósito, no por la severidad de la pena, ¡que me parece poca!, sino por la discriminación entre las víctimas del secuestro, ¡lo cual es una barbaridad! Vamos por partes.

Primero. Las tareas naturales del gobierno, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de serlo, son, uno, garantizar la seguridad contra la delincuencia y, dos, impartir justicia. La primera supone reconocer y garantizar los derechos de la persona a la vida, la libertad, la integridad física y la propiedad. La segunda implica, no solamente castigar al delincuente, sino resarcir a la víctima (algo que no siempre se puede, pero que muy pocas veces se intenta). El gobierno debe, con honestidad y eficacia (y en este caso la eficacia comienza por la honestidad: ¿qué tan eficaz puede ser un gobierno deshonesto?), garantizar la seguridad contra la delincuencia e impartir justicia, y hacerlo parejo para todos. Si no lo hace pierde legitimidad.

Segundo. Las leyes deben ser justas, siendo tales las que, uno, reconocen y garantizan los derechos de la persona a la vida, la libertad, la integridad física y la propiedad, y, dos, las que lo hacen de igual manera para todos, sin excepciones. Una ley injusta puede serlo, o porque no reconoce y garantiza esos derechos, o porque los reconoce y garantiza para unos, pero no para todos. Ante una ley injusta existe la obligación moral, primero, de luchar para modificarla y, de no conseguirse la modificación, de desobedecerla. Y no olvidemos que, en el ámbito legal, no hay contradicción más grave que una ley injusta.

Aceptado lo anterior, debemos preguntarle a Calderón ¿cómo justifica proponer cadena perpetua en el caso del secuestro de niños, mujeres y adultos mayores y no, ¡tal y como debe ser!, en cualquier caso? Es que yo, en cuanto posible víctima del secuestro, ¿valgo menos que mi hijo (niño), mi esposa (mujer) o mi madre (adulto mayor)?  A Calderón y a sus asesores hay que recordarles que el secuestro es una acción delictiva por su propia naturaleza, independientemente del sexo o edad de la víctima: ¿el secuestro de un hombre de treinta y cinco años es menos delito que el secuestro de una niña de doce o de un anciano de ochenta? Las leyes, y por lo tanto los legisladores, ¿deben hacer la distinción?

A Calderón hay que preguntarle, también, cómo justifica el incentivo que su propuesta, de llevarse a la práctica, ocasionaría: el secuestro de adultos, hombres, en edad productiva, ya que en tales casos el castigo sería menor que en el caso de niños, mujeres o adultos mayores. ¡¡¡Por favor: un poco más de sentido común!!! Hay ocasiones, y ésta es una de ellas, en las que simple y sencillamente no entiendo la manera de razonar (o de no razonar) de nuestros gobernantes.

¿A quién corresponde enmendar la pifia propuesta por Calderón? A los legisladores, quienes, al considerar las modificaciones al Código Penal federal, mismas que tienen como objetivo castigar más severamente el secuestro, deben tener presente que un delito debe sancionarse por la naturaleza del mismo, no por la identidad (sexo o edad) de la víctima. Los legisladores, ¿serán capaces de enmendar el error? Más les vale: es su responsabilidad.

Por lo pronto le pregunto a Calderón: como posible víctima del secuestro, ¿él vale menos que sus hijos, su esposa o sus padres?