La política comercial seguida por México en el Desarrollo Estabilizador (DE) fue la de un proteccionismo creciente para industrializar al país a partir de la tesis que la producción de materias primas era mal negocio pues sus precios tenderían a caer respecto a los de productos industriales.

Esta espuria observación empírica, que el economista argentino Raúl Prebisch convirtió en la teoría comercial adoptada por toda América Latina con el pomposo título del “deterioro secular de los términos de intercambio” de los productos primarios, concluía que la única salida al atraso era industrializarse.

Dado el rezago económico de la región, para inducir la industrialización era necesario impedir la importación de aquello que se quería producir en el país, pero como alcanzar la escala productiva y la experiencia necesarias tomaba tiempo, la idea era cerrar las fronteras hasta que llegara el plazo en que las nuevas industrias locales pudieran competir internacionalmente.

Ese elusivo momento nunca llegó pues ni los industriales ni los funcionarios encargados de administrar la protección tenían el menor incentivo para su eliminación, al tener la cómoda situación de contar con consumidores cautivos sin más opción que comprarles sus productos independientemente que fueran caros y de mala calidad.

En este contexto en el que se encontraban todos los países latinoamericanos, y por el prurito de copiar lo que se hacía afuera, es que surgió la idea de iniciar un proceso de integración económica regional como lo habían hecho seis países europeos al firmar el Tratado de Roma, hace justamente cincuenta años.

El Tratado de Montevideo, signado inicialmente por siete países en 1960, creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) con la intención de eliminar en doce años las barreras comerciales entre los países miembros en forma gradual pero completa.

La ALALC funcionó razonablemente bien en sus primeros tres años en los que se desgravaron productos que representaban el 25% del valor global del comercio entre los países miembros, pero nunca llegó a completarse la segunda lista nacional con el 25% adicional, que debió entrar en vigor en 1966.

Por supuesto que siguió habiendo arrebatados discursos integracionistas en los que se hablaba en los términos más exaltados de los ideales de la unión latinoamericana, y funcionarios y empresarios de la región siguieron viajando con regularidad a Montevideo, ciudad sede del secretariado de la Asociación.

Pero en esencia no avanzó el proyecto por la misma razón por la que se exacerbó el proteccionismo a nivel nacional: no había los incentivos para que los productores menos eficientes de los países miembros sacrificaran sus monopolios para que el mercado lo surtieran fabricantes más competitivos.

En nuestro país tendrían que pasar tres lustros desde el final del DE para que nuestra economía, en ruinas por los excesos populistas y postrada por una deuda impagable, se empezara a abrir a la competencia internacional. ¡Y todavía hay quienes suspiran por volver al proteccionismo!