Pagar impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio implica tener al gobierno metido hasta la cocina, sabiendo cuánto ganamos y qué tenemos, algo que, para empezar, es incompatible con el respeto a la propiedad, misma que comienza por el derecho del propietario para no revelarle a nadie, ¡mucho menos al gobierno!, ni el monto de sus ingresos, ni la cuantía de su patrimonio. ¿Cómo evitar el abuso que supone el cobro impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio? Muy sencillo: gravando solamente el consumo, tipo de impuesto que debe ser uno de los objetivos de la reforma fiscal, algo que, seamos realistas, difícilmente sucederá en México, razón por la cual hay que insistir.

Uno de los objetivos de la reforma fiscal debe ser garantizar jurídicamente el derecho de propiedad de la persona sobre sus ingresos y patrimonio, lo cual implica, en primer lugar, evitar que cualquiera, comenzando por el gobierno, pueda obligar al gobernado a revelar cuánto gana y qué tiene, para lo cual hay que eliminar los impuestos que gravan el ingreso y el patrimonio, llamados impuestos directos, para dejar únicamente los indirectos, que gravan el consumo, con lo cual se logra algo muy importante: el anonimato del contribuyente. Me explico. Si se grava el ingreso y el patrimonio el recaudador necesita saber, no solamente el monto del ingreso y la cuantía del patrimonio, sino la identidad de quien genera el primero y posee el segundo, con todo lo que ello supone en términos del derecho de propiedad y del derecho a la privacidad. Por el contrario, si se grava el consumo el recaudador solamente necesita conocer el monto del mismo, no la identidad del consumidor – contribuyente.

¿Cuántos de los involucrados en el tema de la reforma fiscal – gobernantes, funcionarios públicos, burócratas, políticos, académicos, periodistas, empresarios, fiscalistas  -, tienen claro que entre los principales objetivos de la misma debe estar el de garantizar jurídicamente el derecho de propiedad, para lo cual hay que eliminar los impuestos que gravan, directamente, los ingresos y el patrimonio? Y escribo directamente porque al final de cuentas los impuestos que gravan el consumo se pagan, indirectamente, del ingreso y patrimonio del contribuyente. Es por ello que a los impuestos que gravan ingreso y patrimonio se les llama directos, y a los que gravan el consumo indirectos. Insito en la pregunta: ¿cuántos de los involucrados en el tema de la reforma fiscal tienen claro que entre sus fines debe estar garantizar jurídicamente el derecho de propiedad sobre los ingresos y el patrimonio, lo cual supone, en primer lugar, quitarle al gobierno el poder (que estrictamente hablando no es un derecho, sino solamente eso: un poder), de pedirle cuentas al gobernado sobre los mismos?

La reforma fiscal no debe limitarse a incrementar la recaudación y a facilitarle la vida al contribuyente. No, de ninguna manera: la reforma debe ir más allá, reconociéndose que las leyes no deben otorgarle al Estado, ni al gobierno en turno, el poder de hacer aquello que le prohíben a cualquier ciudadano (inmiscuirse en la propiedad de los demás, por ejemplo), salvo en el caso del cobro de los impuestos necesarios para que el gobierno garantice, con honestidad y eficacia, y de la misma manera para todos, la seguridad contra de la delincuencia y la impartición de justicia. Esos impuestos, obviamente, deben ser indirectos.

Por lo pronto, tal y como están las cosas, y tal y como seguirán estando, basta y bastará que el gobierno diga “Hágase” para que los contribuyentes tengamos que revelarle desde el monto de nuestros ingresos hasta la cuantía de nuestro patrimonio. ¿Respeto al derecho de propiedad? ¡Sí, cómo no!