Durante la semana anterior la Secretaría de Economía se promulgó por la posibilidad de prorrogar el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla implementado el pasado 18 de enero y el cual vence el próximo 30 de abril. Aclaró que el objetivo de las partes involucradas es que el mercado maíz-tortilla siga “ordenado” y el precio de la tortilla estable, por lo que afirmó que están en pláticas para ver cuál es el instrumento apropiado para hacer eso.

Por otra parte, el Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, se pronunció porque continúe dicho acuerdo, ya que la contención del precio del producto para el consumidor final ha tenido éxito para la autoridad monetaria en lo que se refiere al control de las presiones inflacionarias, y por ello, para el banquero central, es importante que continúe.

Una vez más nos encontramos en la misma situación que al inicio de año. El gobierno Federal anunciando con bombo y platillo que protegerá la economía familiar de los mexicanos, y que en respuesta a sus demandas, intervendrán en el mercado para no permitir aumentos en el precio de dicho alimento, esto es, estableciendo un mecanismo control de precios disfrazado. Eso fue hace unos meses, ahora, nos dicen que lo más probable es que continúen con dicho plan.

Ni el Gobierno Federal ni mucho menos el Gobernador del Banco de México entienden que la mejor decisión en materia de precios es dejar que el mercado, a través de la libre oferta y demanda, fije las cantidades y el precio a los cuales consumidores y productores desean intercambiar voluntariamente sus bienes y/o servicios. La intervención de una tercera parte (gobierno) en esta cadena solamente empeora la situación.

En este mismo espacio hemos dicho que los precios son el mecanismo perfecto de comunicación entre los consumidores y productores en la toma de decisiones y optimización de recursos. Distorsiones en los mismos producen un efecto nocivo y un círculo vicioso en la asignación de los recursos por parte de los agentes económicos, ya que al carecer de información completa en los mercados, las decisiones de cada uno de los participantes es deficiente y subóptima.

Cuando en una economía el precio de algún bien o servicio aumenta, la lectura llevada a cabo por los consumidores es la de disminuir la demanda de dicho bien o servicio y la del oferente es la de aumentar la producción. Cuando el precio disminuye, los consumidores aumentarán la cantidad demandada y los productores disminuirán el bien o servicio ofrecido. En este escenario, tanto consumidores como productores acuden al sistema libre de precios para tomar las decisiones que mejor satisfagan sus intereses. Si el consumidor no está de acuerdo en adquirir “x” cantidad de un bien al precio al que se lo ofrece el productor, la solución será simple: no participará en el intercambio, y/o bien, o disminuirá la cantidad que consume de ese bien o buscará un producto sustituto al requerido originalmente. Con esto, disminuirá posteriormente la demanda del bien y el mercado nuevamente se ajustará a la baja de forma natural.

Sin embargo, un precio que es controlado o reducido artificialmente le dice al consumidor que puede comprar lo mismo de antes y al productor que no debe producir más. El resultado eventual será mayor escasez y posiblemente un ajuste severo del precio, o un gasto gubernamental mayor que mantenga el subsidio en caso de aplicarse.

Los controles de precios a largo plazo se traducen en un aumento de precios. El control de precios es una política pública muy arraigada de nuestro gobierno a lo largo de la historia, y cuyos resultados han sido escasez, el racionamiento, las colas y la necesidad de subsidio gubernamental a los productos con precios controlados. Los controles de precios generaron déficit en las finanzas públicas que tuvieron que ser enfrentados con endeudamientos o impresión de billetes, generando mayores e insostenibles niveles inflacionarios. Los controles de precios o subsidios generalizados ofrecen más problemas futuros que soluciones reales.

Los precios altos en una economía se combaten con mayor productividad y competencia. La liberalización o apertura comercial genera incentivos a la entrada de mayores actores en un mercado para ofrecer un producto o servicio, y de esta manera los precios tienden a disminuir. Leyes claras, sencillas y justas coadyuvan también a disminuir los costos de entrada a los oferentes y mejora el sistema de información entre los agentes económicos.

Insistimos, si el precio de la tortilla se encuentra presionada por los altos precios internacionales del maíz, medidas gubernamentales como acuerdos con las cadenas de producción y distribución de la tortilla y el maíz, representan medidas de corto plazo que se vuelven insostenibles en el mediano y largo plazo, ya que eventualmente, la inviabilidad financiera de estas cadenas productoras y distribuidoras presionará hacia un ajuste abrupto en el precio.

Mucho se ha hablando también en este mismo espacio de los aciertos de política económica llevados a cabo por las autoridades en materia fiscal y monetaria en estos últimos años que han permitido lograr la estabilidad de la que hoy gozamos, sin embargo, irresponsabilidades como la actual por parte del Gobierno Federal de querer hacernos creer que el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla no es un control de precios como tal, aunado a las declaraciones de Guillermo Ortiz de levantar la mano para solicitar que continúe dicho acuerdo para facilitarle su trabajo sobre el control de la inflación, de ninguna manera representan medidas que sean del todo positivas para nuestra economía. Ojalá que dichas autoridades fueran un poco más responsables en lo que dicen y hacen. Mientras algunas economías debaten cada vez más sobre la importancia del individuo y sus decisiones a través del libre mercado sin la intervención de ningún tipo (menos del gobierno), nosotros seguimos enfrascados en debates de cómo hacer que el gobierno arregle nuestros problemas y nuestras vidas.