Agustín Carstens apuntó que México estaba perdiendo ventajas respecto de otros países como resultado de la inseguridad que se está viviendo en diferentes ciudades del país y de ahí la importancia de dar una batalla frontal a la delincuencia. La liga entre inseguridad y ventajas competitivas es relativamente simple: mayor inseguridad aleja a potenciales inversionistas, nacionales y extranjeros, perdiendo la oportunidad de aumentar el acervo de capital productivo en la economía y, más importante aun, que esta inyección de capital venga acompañada de nuevas y más eficientes tecnologías de producción, elemento que es el corazón para mantener y aun acrecentar las ventajas comparativas en los mercados internacionales siendo ésta, la mayor productividad de los factores de la producción, la principal fuente de crecimiento económico.

La batalla en contra de la delincuencia y la búsqueda de una mayor seguridad pública se ha centrado en el combate al narcotráfico. Es una lucha que hay que dar pero sin dejar de apuntar que mientras no se legalice la producción, comercio y consumo de estupefacientes en Estados Unidos, se podrán ganar algunas batallas pero la guerra está perdida y, como apuntó Manuel Suárez Mier en su Aquelarre Económico, dado que la legalización de las drogas no se va a dar, lo que queda es buscar una mayor cooperación binacional para incrementar los costos de las actividades relacionadas con el narcotráfico, incluyendo el comercio de armas y el lavado de dinero; más aun, hay que transferirle a Estados Unidos el costo de su gusto por las drogas.

Habiendo dicho lo anterior, hay otras dos vertientes de la inseguridad que requieren ser atendidas urgentemente para convertir a México en un país que atraiga flujos crecientes de inversión. El primero es la delincuencia no relacionada con el narcotráfico, como son los asaltos y robos y que atentan en contra de los derechos privados de propiedad. Para los delitos del fuero común y cuya persecución y condena son de responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales, la procuración y administración de justicia siguen siendo notoriamente deficientes y plagadas de corrupción e impunidad, lo que cuesta mucho en términos de inversión y de crecimiento.

La segunda vertiente de la inseguridad, y que también está relacionada con los derechos de propiedad, es la relacionada con la inseguridad jurídica para hacer valer los contratos. Que en un contrato mercantil las partes no tengan la garantía de que si una de ellas lo incumple la otra podrá acudir ante un poder judicial independiente, imparcial y eficiente que obligue a su cumplimiento o adjudique las penas establecidas en el mismo, incrementa los costos de transacción en la economía e induce a las empresas a hacer negocios únicamente con contrapartes conocidas pero que no necesariamente son los mejores proveedores o clientes, lo que se traduce en menores flujos de inversión y menores tasas de crecimiento.

Hemos vivido décadas bajo la sombra de la impunidad en prácticamente todos los ámbitos. Ya es tiempo de moverse hacia un estado de derecho en donde el gobierno, en sus tres niveles, cumpla y obligue a cumplir las leyes.