El debate sobre la necesidad de una reforma fiscal es un tema que ocupa y preocupa a todos los actores políticos y económicos, contribuyentes y medios de comunicación en general. En este mismo espacio hemos mencionado que durante varios años este debate se ha centrado en hacer propuestas que resuelvan los problemas fiscales y que dichos esfuerzos hasta ahora por parte de todos los actores involucrados han sido ineficaces. La razón de esto es que se han enfocado a tratar de resolver la parte del cómo hacerle llegar mayores recursos al gobierno para que éste pueda gastar más como objetivo principal, es decir, el tratar de resolver el eterno dilema respecto de que se recauda poco y hay mucho por hacer, mucho por gastar.

Muchos de los hoy involucrados en el proceso de elaboración de la reforma fiscal coinciden en el diagnóstico: México necesita una reforma fiscal porque el actual sistema tributario está lleno de injusticias e ineficiencias, las cuales repercuten negativamente en la creación de riqueza. Concuerdan en que exenciones impositivas, tasas diferenciadas, deducciones innecesarias, subsidios y créditos, infinidad de gravámenes, regímenes privilegiados, una base precaria de contribuyentes, trámites complicados y costosos han limitado las oportunidades de inversión, ahorro y empleo en nuestro país. Los efectos dañinos de las deficientes políticas fiscales en el pasado han sido una altísima carga fiscal, mínima carga impositiva, alto costo de fiscalización, corrupción, evasión y elusión, distorsión de los procesos de mercado, piratería, actividad informal y, finalmente, magro crecimiento económico.

En el debate abierto de ideas, invariablemente surgen propuestas que no aportan absolutamente nada a este proceso. Un ejemplo de ello es la iniciativa de reforma fiscal elaborada por López Obrador y presentada a través del denominado Frente Amplio Progresista.

Sin fundamento alguno, el documento referido del ex candidato a la Presidencia de la República (redactado en 20 páginas) comienza diagnosticando que la situación actual del sistema fiscal mexicano “es consecuencia del modelo neoliberal económico que México ha adoptado, que bajo premisas falsas propone la conveniencia de fortalecer -hacer más ricas- a las empresas de por si ricas (sic), para de ese modo generar, supuestamente, una mayor riqueza nacional y colectiva (sic)”.

A continuación centran su reforma en cuatro puntos: 1) eliminación del actual régimen de consolidación fiscal; 2) acotación de la exención en el ISR sobre las ganancias de personas físicas por enajenación de acciones en bolsas de valores reconocidas, 3) deducción del costo de adquisición de terrenos, y; 4) deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo. Voluntariosamente afirman que dicha propuesta le permitirá al Estado contar con un margen adicional en sus finanzas públicas de 300 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones corresponden a una reducción del gasto y 200 mil millones de pesos a ingresos adicionales.

¿Qué tiene de inútil la propuesta de López? Todo. Para empezar parte de un diagnóstico errado al afirmar que México ha aplicado un modelo económico neoliberal. Para continuar, cualquier fiscalista sabe que ninguno de sus puntos significaría un cambio significativo en la recaudación. Para terminar, la conclusión es de antología: 300 mil millones de pesos extra ¡sin existir un solo cálculo o proyección en todo el documento!

Además, para los perredistas y sus aliados está claro que la reforma es netamente recaudatoria, a ellos el federalismo y la corresponsabilidad de los gobiernos locales, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos, la productividad y eficiencia del gasto público, la simplificación y el abaratamiento del proceso fiscal, la incorporación de las familias a la actividad económica formal y la evaluación de los funcionarios públicos les importa un miserable pepino.

La propuesta de AMLO es, pues, insuficiente, inviable, deficiente y carente de soluciones reales a la verdadera problemática planteada en los primeros párrafos de este texto.

Más allá de la necesidad recaudatoria, el debate serio de la reforma fiscal considera entre sus más importantes elementos: a) el cómo brindar mayor certidumbre a los presupuestos de los estados y municipios y ampliar su capacidad de gasto a través de mayores atribuciones y facultades impositivas a cambio de un compromiso de los gobiernos locales con los ciudadanos de mejorar aceleradamente la transparencia y la rendición de cuentas; b) cómo consolidar la transparencia y la rendición de cuentas del ejercicio del gasto público en todos los órdenes de gobierno, aclarando que además de ser transparente, el gasto público debe ser eficaz; su aplicación debe producir los resultados esperados; c) cómo proveer un régimen tributario simple, con tasas competitivas y que otorgue un trato justo a los contribuyentes para generar efectos positivos en la actividad económica al permitir una mejor asignación de recursos e incentivar correctamente el trabajo y la inversión; y d) cómo reorientar el presupuesto público a la obtención de resultados para que el gasto pueda ser evaluado por la sociedad o por sus representantes de acuerdo con criterios objetivos de costo-beneficio. En fin, se trata de establecer una nueva relación entre gobierno y contribuyentes.