Sorprendió a la mayoría de los analistas la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año 2006. Y es que tradicionalmente éste se aprueba en víspera de fiestas navideñas y con serios roces entre el Legislativo y Ejecutivo. Todavía recordamos el año pasado, en donde el presidente terminó vetando al PEF aprobado por la combinación priísta-perredista del Congreso de la Unión. Hoy, sorprendentemente, aún están en litigio más de 80 mil millones de pesos que impugnó el presidente Fox ante la Suprema Corte el año pasado. El PEF del próximo año permitirá al gobierno gastar 1 billón 973 mil 500 millones de pesos.

En hora buena que la aprobación del gasto público se haya hecho con la cooperación entre el ejecutivo y el legislativo (básicamente entre el PRI y el PAN) y en un tiempo adecuado. Por lo pronto el PRD ha lanzado distintas descalificaciones sobre el proceso de aprobación del PEF, ya que lo dejaron fuera de la discusión. Ya se le olvidó a este partido que el año pasado hizo lo mismo con el PRI, mayoriteando al PAN. Son las reglas de la democracia, y por desgracia, sólo se recuerdan a conveniencia de cada quien.

Entrando en materia, cabe destacar que se aprobó el recorte presupuestal a distintas dependencias gubernamentales como el IFE, al Tribunal Electoral del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, a la PGR, a Presidencia de la República, así como a diversas Secretarías de Estado como la de Marina, Energía, Turismo, Función Pública y, Previsión Social.

Dadas las circunstancias anteriores, ya salieron todas estas dependencias a desgarrarse las vestiduras y a argumentar que sin estos recursos adicionales no podrán cumplir debidamente con sus tareas. La realidad es que la mayor parte del gasto público en México va a parar al gasto corriente de las dependencias, es decir va a parar a sueldos y prestaciones de los burócratas. Es obvio, no les hace gracia a ninguna de ellas el perder recursos del contribuyente. En México se tiene la idea errónea de que con más gasto público hay más desarrollo, y las dependencias del gobierno hacen mejor su chamba. Esto es absolutamente falso. Diversos estudios académicos serios concluyen que en México hay una fuerte ineficiencia e ineficacia de las instancias del gobierno con respecto a su misión. Esto es así por que en la mayoría de ellas no se utilizan adecuadas herramientas de planeación estratégica que  ayuden a medir el desempeño real de las instituciones del gobierno. La evaluación y el monitoreo dejan mucho que desear en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

Tradicionalmente lo que prevalece son las metas cuantitativas y no las cualitativas. A los gobiernos les fascina presumir que sus dependencias facilitaron que haya mayor número de carreteras, escuelas, hospitales, etc. Se deja de lado la comparación entre metas planeadas y metas alcanzadas. Pero, preguntémonos ¿de qué sirven más carreteras de cuota si los automovilistas no las van a usar y por el contrario tomarán la libre?, ¿de qué sirven más escuelas si no hay maestros capacitados que preparen adecuadamente a los estudiantes?, ¿de qué sirve un mayor número de hospitales que seguramente funcionarán con deficiencias y donde la escasez de médicos y medicinas estará a la orden del día? Naturalmente, a las burocracias no les gusta oír esto. Las burocracias que en el mundo trabajan mejor son aquellas que miden sus resultados con criterios estrictos de costo-beneficio. Esto significa que no son los montos de dinero el factor que hace la diferencia entre los buenos y los malos gobiernos. Son los criterios de eficiencia, austeridad y monitoreo lo que hace que el gobierno realmente le sirva mejor, amigo lector y contribuyente. Que no lo engañen.

Por otro lado, numerosos estudios empíricos señalan que un abultado gasto público no estimula a la actividad económica, al contrario, inhibe las inversiones del sector privado, pues para que los gobiernos sostengan montos elevados de gasto público, es necesario que recurran a los mercados financieros, lo que le quita recursos monetarios a las empresas para que puedan expandir su planta productiva y crear empleos que le den mayor bienestar a las personas. Además, el gasto público elevado suele implicar dos cosas que matan el crecimiento económico: tasas de interés altas y mayores impuestos futuros.

Cuando se habla de reducir el tamaño de los gobiernos, de hacerlos eficientes, con frecuencia la izquierda en México automáticamente tilda estas ideas de “neoliberales” ó producto de un complot yankee.

Es irónico que hoy quien más habla de que los gobiernos sean austeros y que disminuyan sus gastos es el líder del principal partido mexicano de izquierda: Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin querer, AMLO le da la razón a los neoliberales: en el gobierno mexicano aún hay mucho dispendio y las burocracias en México se caracterizan por la ineficiencia, la falta de rendición de cuentas y la corrupción. Claro, lo que no dice AMLO es que para llevar a cabo sus planes económicos, tendrá que recurrir a mayor gasto público, lo que en realidad también conlleva mayor crecimiento en el tamaño de la deuda pública y en el tamaño del gobierno. ¿De qué sirve que se logren ahorros en las dependencias del gobierno si estos recursos se van a utilizar en el clientelismo, el dispendio y a crear nuevas deudas que en el futuro ponen en riego a las finanzas públicas?

El presupuesto aprobado por el legislativo dista mucho de ser perfecto (ya en otro artículo hablaremos de estas imperfecciones que son importantes), pero por lo menos es prudente (no es superavitario, pero al menos tampoco deficitario, aunque confía demasiado en que se mantendrá el actual precio del petróleo). A diferencias de años anteriores, cuando se acercaba el fin del sexenio, hoy el presupuesto no es dispendioso y explosivo. Eso hay que celebrarlo.