¿Cómo llamaría usted, lector, a una ley que obligara a los trabajadores a compartir, con los patrones, parte de su salario? Yo lo tengo muy claro: la llamaría injusta porque, de entrada, violaría el derecho del trabajador al producto íntegro de su trabajo, derecho que en cualquier sociedad civilizada debe estar reconocido plenamente y garantizado jurídicamente, reconocimiento y garantía que son responsabilidad del Estado y sus leyes. El salario es la remuneración propia del trabajador y ninguna ley debe obligarlo a compartirlo con nadie. Esto es lo que demanda la justicia.

Ahora bien, ¿cómo califica usted a la ley que obliga al patrón a compartir, con el trabajador, las utilidades generadas por “la empresa”? En pocas palabras, ¿qué opina usted del artículo 123, apartado A, inciso IX, de la Constitución, en el que se afirma que “los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas…” Muy probablemente opinará que todo ello es correcto, acorde con las exigencias de la justicia social y demás entelequias por el estilo. ¿Comparto su opinión? No, y la razón es la misma por la cual afirmo que obligar al trabajador a compartir parte de su salario con el patrón sería una injusticia. Me explico.

El salario es la remuneración propia del trabajador. ¿Cuál es la del empresario? La utilidad: el empresario hace lo que hace a cambio de la utilidad que espera ganar, lo cual depende de qué tan bien sirva al consumidor, lo cual a su vez depende de qué tanto avance en materia de productividad (hacer más con menos) y de competitividad (hacerlo mejor que los demás), avances que dependen, única y exclusivamente, de su capacidad empresarial, es decir, de las decisiones que tome en torno a qué producir y cómo producirlo, con todo lo que ello implica.

La generación de utilidades, y el monto de la utilidad generada, dependen del trabajo del empresario, no de la aportación que hagan los proveedores de factores de la producción, comenzando por el trabajador, quien contribuye, de manera muy importante, aportando su trabajo, a la producción de la mercancía, contribución por la cual se le paga un salario, pero no contribuye a la generación de utilidades, tarea exclusiva del empresario, lo cual me lleva a aclarar el siguiente punto: no es “la empresa” la que genera las utilidades, sino el empresario, distinción que no es solamente un juego de palabras.

Quienes están a favor del reparto de utilidades, comenzando por quienes redactaron el inciso IX, del apartado A, del 123 constitucional, no tienen la más remota idea de lo que son las utilidades, de quién las genera, y de cómo se generan. Insisto: una cosa es participar en la producción de la mercancía, y otra muy distinta decidir correctamente qué producir y cómo producirlo, decisión de la que depende la generación de utilidades, misma que toma, única y exclusivamente, el empresario.

Quienes están a favor del reparto de utilidades no solamente no tienen la más remota idea de lo que son y cómo se generan. Tampoco tienen claro en qué consiste la actividad empresarial y cuáles son las condiciones que el Estado y sus leyes deben aportar para que la misma sea lo más eficaz posible.

Si es injusto obligar al trabajador a compartir parte de su remuneración (salario) con el patrón, ¿por qué algunos consideran que obligar al patrón a compartir parte de la suya (utilidad) con el trabajador no lo es?

Lo anterior muestra cómo la justicia social (reparto de utilidades) no pasa de ser injusticia individual (no reconocer el derecho del empresario al producto íntegro de su trabajo). ¿Que mis afirmaciones son políticamente incorrectas? Muy probablemente. Pero no me queda duda de que son moralmente correctas.

Por lo pronto, en mayo, ¡a repartir utilidades!