MARTES, 5 DE JUNIO DE 2007
Ejército y narco (II)

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“El llamado del Congreso no conminó al presidente a retirar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico de manera inmediata. Lo único que hizo fue pedir un proceso gradual de transferencia que permita construir una fuerza policial federal especializada que se haga cargo de esta responsabilidad en el momento indicado.”


Muy mal ha tomado el presidente Felipe Calderón el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que se vayan transfiriendo las responsabilidades de la lucha contra el narco del Ejército a cuerpos policiales debidamente preparados. Tanto él como algunos miembros de su equipo de trabajo han considerado este llamado como una afrenta a las fuerzas armadas y así lo han hecho saber.

 

Pero nada hay de eso. De hecho, el llamado no conminó al presidente a retirar al Ejército de la lucha contra el narcotráfico de manera inmediata. Lo único que hizo fue pedir un proceso gradual de transferencia que permita construir una fuerza policial federal especializada que se haga cargo de esta responsabilidad en el momento indicado.

 

No podemos olvidar que el artículo 129 de la Constitución específicamente dice: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”

 

Es verdad que la Suprema Corte de Justicia, a través de una serie de fallos que han establecido jurisprudencia, ha ido debilitando este mandato constitucional. Pero independientemente de lo que hayan pensado los ministros al fallar en contra de lo que claramente dice el artículo de nuestra carta magna, quizá los constituyentes originales no hayan estado tan errados cuando decidieron que los militares debían quedar confinados a los cuarteles en tiempos de paz.

 

Los países democráticos del mundo conocen bien los riesgos de encomendar a los ejércitos tareas policiales o políticas. Por eso en todos se establece una delimitación entre las responsabilidades de las fuerzas armadas y las policías. No sólo en México se prohíbe al Ejército asumir responsabilidades.

 

Quizá pueda uno aceptar que en este momento no se podría cancelar la participación del Ejército en los operativos conjuntos que se están llevando a cabo en el país. Las policías estatales y municipales no tienen la capacidad de fuego para enfrentarse al narco y en algunos casos están dominadas por las bandas de distribución de la droga. La Policía Federal Preventiva, si bien está formada en buena medida por elementos del Ejército y de la Policía de Caminos, no parece estar preparada en este momento para hacerse cargo de la responsabilidad de enfrentar el narco.

 

Pero una cosa es que no pueda hacerlo en este momento y otra muy distinta que no pueda asumir el encargo de manera gradual. Lo que es absurdo es negarse a esta propuesta. Si ésa es la intención del gobierno, lo lógico sería que buscara enmendar el artículo 129 de la Constitución que define las funciones del Ejército en tiempos de paz.


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