El gobierno de Hugo Chávez ha sido eficaz en crear matrices de opinión, eso debe reconocérsele. Una, muy extendida entre colegas de América Latina, es creer que el Presidente está en una situación asimétrica en materia de medios. El contexto de la Venezuela de julio de 2007 es diametralmente distinto al de abril de 2002. En estos cinco años, una vez que se detectó la falencia mediática en el contexto del golpe de Estado, ha sido sistemática y desde varios frentes la acción chavista para consolidar la hegemonía comunicacional. Hoy en día, en realidad en materia de televisión, el medio que tiene la mayor penetración y el que mayor contribuye a configurar la opinión pública en nuestro país, sólo una voz crítica, la de Globovisión, se emite desde Caracas, y su alcance es bastante limitado. En el resto de las frecuencias o bien se ven medios totalmente manejados por el gobierno, o se trata canales privados conciliadores.

Esto es bueno precisarlo. Hoy en día la asimetría mediática de antaño ha sido suplantada por otra, pero en la cual el gobierno tiene la tajada más grande. No sólo en número de medios, sino en el control político de las entidades reguladoras del sector y en el copamiento de las institucionales judiciales que sería el recurso para aquellos afectados por la acción gubernamental. Así las cosas, el Directorio de Responsabilidad Social salta para alertar sobre un potencial cierre de Globovisión, por presuntamente incumplir la Ley de Responsabilidad Social, pero calla de forma cómplice ante los agravios y descalificaciones que suelen repetir los medios manejados por el gobierno, especialmente Venezolana de Televisión y Radio Nacional de Venezuela.

Es un contexto desproporcionado por el peso gubernamental que ha venido creciendo y que desde hace dos semanas sumó la frecuencia del canal 2, que por más de medio siglo llevó al país RCTV, en el que no puede dejarse a un lado el tema de las cadenas nacionales de radio y televisión. Desde que asumió el poder, en 1999, el presidente Chávez comenzó a pervertir el mecanismo de las cadenas. Si algún lector foráneo lee estas líneas debe explicársele que las cadenas es el nombre de un mecanismo, ratificado en la ley, que le otorga al poder ejecutivo un uso absolutamente discrecional del espectro radio eléctrico.

Durante el tiempo de las cadenas, ninguno de los 26 millones de habitantes del país pueden tener un mensaje distinto en sus aparatos de radio o televisión, salvo que tengan un servicio de suscripción privada y así refugiarse en la televisión foránea. Vale comentar que en Venezuela se han interrumpido juegos decisivos del béisbol profesional o se han postergado dramáticos finales de telenovelas, porque el presidente Chávez decidió a último minuto que su palabra debía ser oída por todo el país. ¿Qué pasaría en Argentina, por ejemplo, si Kichner interrumpe con un mensaje a la nación un partido River-Boca o si Lula se encadenara y dejara al pueblo brasileño sin posibilidad de elegir?

En el pasado, huelga decir hasta 1998, su uso se limitaba a las fechas patrias, a alocuciones que tenían un peso en la política pública del país o con motivo de decisiones gubernamentales de envergadura.

Gracias a la matriz de opinión gubernamental, las cadenas comenzaron a justificarse en aras de hacer frente a la guerra mediática de los privados. Hoy, empero, de facto vivimos dos dimensiones que terminan produciendo similar efecto. El programa “Aló, Presidente” ha devenido en una especie de semicadena, dado el alto número de medios gubernamentales que lo transmiten de forma simultánea.

Hasta el pasado 26 de mayo, y desde que asumió el poder en febrero de 1999, el presidente Chávez ha dado 1,542 cadenas. Eso quiere decir que cada dos días hay una. ¿En cuál horario? Sencillamente en el que se le antoje al jefe de Estado. En total son 922 horas con 43 minutos. Eso equivale a unos 38 días (y sus noches) de absoluto monólogo comunicacional, en los últimos ocho años en Venezuela.

El programa “Alo, Presidente”, esa especie de semicadena en la que se suman los medios oficialistas los días domingos, suma –también hasta el 26 de mayo- un total de 1,006 horas. Esa suma equivale a 41 días, y sus respectivas noches.

Desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, efectivamente el Estado tiene la potestad de administrar y manejar el espectro radioeléctrico, pero éste es un bien común. Su uso excesivo, discrecional y en no pocos casos convertido en herramienta de una parcialidad política, terminan desvirtuando y desdibujando el papel del gobierno. Cuando se pone al aire una cadena de radio y televisión, se obliga a todos los ciudadanos a ver un único mensaje, una sola voz, y eso es especialmente preocupante porque con excepciones es el presidente Chávez quien habla. Una sola voz puede hablar, mientras dura la cadena, el resto del país debe escuchar. ¿Es eso libertad de expresión?