En la colaboración pasada hablábamos de la gran importancia de saber cómo gasta el gobierno y que en general, algunos analistas mencionaban que la propuesta fiscal presentada por las autoridades tiene el elemento rescatable de tomar en cuenta el aspecto de la evaluación en el gasto público, introduciendo elementos tales como la como optimización orientado a resultados, transparencia y rendición de cuentas, limitando los márgenes de discrecionalidad de las autoridades federales, estados y municipios en el ejercicio del gasto público. Se destacaba que las autoridades partieron de la premisa de cualquier reforma fiscal debe empezar por el compromiso del gobierno para gastar mejor y para dar resultados comprobables que satisfagan a los ciudadanos, sentando un gran precedente a dicho proyecto.

Varios analistas coinciden en que es a través de este tipo de acciones como se pueden identificar aquellos gastos que no están siendo aprovechados. En el mejor de los casos y de cara al siguiente periodo presupuestal, esos gastos improductivos podrán ser cancelados o reorientados a programas con mejor rentabilidad social. Esa es la manera más inteligente y efectiva para disminuir el gasto público.

Finalmente se concluyó que elementos tan básicos como saber cómo gasta el dinero el gobierno (de por sí ya con un gran costo de oportunidad para la sociedad) con mecanismos de evaluación de resultados y rendición de cuentas para saber qué se está haciendo bien y en qué se derrochan y malgastan los recursos públicos, le devuelve al contribuyente el protagonismo que siempre debe tener toda reforma de este tipo.

A partir del tema de la evaluación y calidad en el gasto público, la propuesta de reforma hacendaria presentada el mes pasado cierra con un último gran pilar: el Federalismo Fiscal, el cual trata básicamente de rediseñar la relación hacendaria entre los tres órdenes de gobierno (Federación, estados y municipios) para que los gobiernos locales fortalezcan sus finanzas a través de la ampliación de sus potestades tributarias junto con mayores incentivos para utilizarlas, simplificando y mejorando las fórmulas de las aportaciones y participaciones que lleva a cabo la Federación.

Parte del problema del actual sistema es que los presupuestos locales aún muestran una dependencia muy significativa de las transferencias federales: Casi nueve de cada diez pesos que obtienen, en promedio las entidades federativas[1] provienen de la Federación; así, la realidad es que durante los últimos años el ejercicio del gasto se ha venido descentralizando, al mismo tiempo que la responsabilidad recaudatoria se ha centralizado cada vez más en el Gobierno Federal.

Las propuestas para fortalecer el federalismo fiscal se basan en dos ejes primordiales:

1.      Expandir las facultades tributarias de las entidades federativas y otorgar mayores incentivos para utilizarlas. Lo anterior sin mermar las finanzas públicas federales, al tiempo que se evite una proliferación de impuestos locales.

2.      Simplificar y mejorar las fórmulas de las transferencias, tanto para las participaciones como para las aportaciones federales, incluso las correspondientes al sector educativo, sin disminuir el valor nominal de las transferencias actuales para ninguna entidad.

De manera un poco desglosada, expandir las facultades tributarias de las entidades federativas se refiere a que éstas puedan establecer un impuesto local a la venta final de todos aquellos bienes que en la actualidad o en el futuro sean objeto de gravamen conforme a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, como gasolina y diesel, tabacos labrados y cervezas, entre otros.

Con respecto a la mejora en las fórmulas de participaciones y aportaciones federales, la nueva propuesta busca el objetivo de que aquellas entidades con rezago económico se vean beneficiadas en mayor medida con recursos federales, sin desincentivar el crecimiento y el esfuerzo recaudatorio.

El nuevo federalismo fiscal propuesto por el gobierno federal plantea, en pocas palabras, dotar de nuevas potestades tributarias a los gobiernos locales a fin de que cuenten con instrumentos fiscales flexibles que les permitan incrementar sus ingresos propios y satisfacer sus necesidades de gasto.

Desafortunadamente volvemos al mismo problema del gasto público: los múltiples compromisos de gasto social y la cada vez mayor demanda de más recursos para poder satisfacer partidas presupuestales crecientes. No solamente hay que darle a los estados y municipios mayores facultades para generar mecanismos independientes de generación de ingresos, sino que es necesario complementarlo con las medidas de control, trasparencia y eficiencia en el gasto. La coordinación entre ambos ejes es básica para obtener los mejores resultados y alcances posibles. Recordemos que mayores recursos para el gobierno significan menores recursos para la sociedad, y que ante el alto costo de oportunidad implícito, será de vital importancia además de fortalecer los presupuestos locales, el determinar aquellos programas que gozan de la rentabilidad social esperada en los tres órdenes de gobierno y eliminar aquellos que no cumplan con estos requisitos. La coordinación entre dos de los grandes pilares de la reforma fiscal del gobierno (federalismo fiscal y eficiencia en el gasto público) debe ser un tema fundamental a debatir entre la opinión pública, ya que el éxito de la reforma fiscal mucho tendrá que ver con el desarrollo de estos dos elementos.