El 10 de julio fue un mal día para el gobierno de Felipe Calderón. Un comunicado de un presunto grupo terrorista –EPR- lo dejó en una posición totalmente vulnerable a los ojos de la sociedad. Y, también, fue un pésimo día para la sociedad mexicana que de pronto se vio atrapada entre un puñado de promotores de la violencia y la desestabilización y un gobierno que no atinó a llamar a las cosas por su nombre a tiempo y con firmeza.

¿Supieron desde el principio PEMEX y la Presidencia de la República que las explosiones en las instalaciones del monopolio petrolero estatal en Guanajuato habían sido producto de un atentado? Si no lo supieron, y creyeron que se trataba de accidentes fortuitos, como “informaron” en su momento, ¿qué clase de incompetentes están a cargo de esa empresa y de la seguridad nacional?, pero si, por el contrario, sí supieron que se trataba de actos de destrucción deliberados ¿quién y por qué decidió ocultar esa información importantísima a la sociedad?, si acaso no quisieron darle propaganda a los autores del atentado la estrategia de ocultamiento o mentira les resultó contraproducente, si acaso no quisieron causar alarma también les falló, además de que resulta insultante que el gobierno quiera tratar como críos menores de edad a los ciudadanos…

Por donde quiera que se vea, el gobierno de Felipe Calderón ha quedado muy mal parado ante la sociedad con este episodio. Es aterrorizante –y eso es precisamente lo que quieren lograr los grupúsculos terroristas- que sea el comunicado del fantasmal EPR –que parece redactado por un discípulo aventajado de Andrés Manuel López Obrador- el que obligue al gobierno a decir las cosas como fueron.

Otra hipótesis, igualmente aterrorizante, es que hasta el momento el propio gobierno ignore si las explosiones fueron producto de un accidente o de un atentado y que dé por buena la que, acaso, sólo es una fanfarronada del EPR, grupúsculo al que se suponía incapaz de realizar un acto de destrucción tan efectivo: Al menos dos armadoras de automóviles y otras empresas han tenido que parar actividades por la falta de suministro de gas natural.

Por supuesto que estos actos de terror son condenables, pero también deben ser perseguidos y castigados con implacable eficacia. No se sabe qué está haciendo el gobierno para parar en seco este “hostigamiento” violento que pretende chantajear a toda la sociedad mexicana. No se sabe porque el gobierno, otra vez, no lo dice. Pero lo peor es que cunde la sospecha de que no se sabe porque el propio gobierno no sabe qué hacer.

No se trata, como algunos comunicadores particularmente estúpidos han dicho, de que el gobierno deba responder de inmediato a las exigencias absurdas de “aparecer” a dos presuntos “desaparecidos” como pide el comunicado de los terroristas. Nada más eso faltaba. Tal vez los dos sujetos estén muy quitados de la pena en alguna casa de seguridad de ese grupúsculo o tal vez fueron desaparecidos por los mismos tipejos que ahora fingen reclamarlos. No, eso sería emprender el nefasto camino de “dialogar” con los intolerantes. Jamás en una democracia que se respete.

Se trata, primero, de informar oportunamente con la verdad y sin miedos.

Se trata de que estos atentados terroristas han puesto sobre la mesa todas las debilidades de ese mito nacional que es PEMEX, un monopolio ineficiente y despilfarrador hasta decir ¡basta!, sometido al imperio de un sindicato que se maneja con estándares semejantes a los de la delincuencia organizada, con total impunidad.

Se trata de que este episodio ha puesto en entredicho la estrategia calderoniana de centralizar la comunicación gubernamental en la persona del Presidente, junto con otras estrategias desafortunadas como la de gobernar con los ojos puestos en las encuestas o la inopinada táctica de “rebasar a la izquierda por la izquierda”.

Ojalá este campanazo haga recapacitar al gobierno de Calderón. Ya ganó la Presidencia hace más de un año, ya no están en campaña contra López Obrador, ya dejen de gobernar como si estuvieran acorralados y necesitaran que el loquito tabasqueño les diera su bendición. Nunca lo hará. Es un caso perdido… y 100 millones de mexicanos no podemos seguir esperando a que en Los Pinos se enteren.