Ahora que los legisladores están muy trabajadores con la reforma del Estado, dado que les queda menos de un año para definir en qué consistirá tal reforma, dedicaré éste y los siguientes dos artículos a tratar algunos aspectos esenciales que deberán estar incluidos. Lo primero, sin duda, es establecer el objetivo primario de dicha reforma, para de ahí poder establecer cuales modificaciones al marco institucional son las que se requieren para lograr tal objetivo.

Primero el objetivo. Muchos de los políticos que ahora están discutiendo la reforma del Estado han centrado una parte importante de la discusión en el tema de la división de poderes, habiendo quienes apoyan un sistema presidencialista más fuerte mientras que otros le quieren dar al Poder Legislativo un papel más preponderante, discusión aderezada con el tema electoral, y discuten estos puntos como si ese fuese el objetivo de la reforma del Estado. Más sin embargo, ese no es el objetivo de la reforma; el verdadero objetivo es establecer cuál es el marco institucional que se requiere para maximizar el bienestar de los mexicanos y lograr que este bienestar tenga una tendencia creciente. Puesto en otras palabras, dado que todos somos consumidores, independientemente de nuestra fuente de ingresos, el objetivo central de la reforma es precisamente lograr maximizar el bienestar de los consumidores. Habiendo definido de esta manera el objetivo de la reforma del Estado, es entonces posible pasar a discutir cual es ese marco institucional que permita alcanzarlo.

En México, además de la Constitución, existen 249 leyes de carácter federal a las cuales hay que añadir la legislación particular en cada una de las entidades federativas y una inmensa cantidad de reglamentos, tanto federales como estatales y municipales. Es en esto en donde tiene que centrarse el trabajo legislativo en la reforma del Estado. Dado que para los consumidores, dados los recursos escasos de que disponen, su nivel de bienestar será mayor entre más competitivos sean los mercados, tanto de bienes y servicios como de factores de la producción, el arreglo institucional deseable, centrado en el marco legal, es aquél que promueva la existencia de mercados que operen en competencia. Un análisis de mucha de la legislación vigente, incluyendo la propia Constitución, pero más aun las leyes federales y estatales, así como los reglamentos, contienen muchos elementos que al establecer significativas barreras de entrada y salida de los mercados, inhiben que estos mercados operen en un contexto de competencia. El resultado de tales barreras es una asignación ineficiente de recursos, la existencia de prácticas monopólicas en muchos de los mercados y una ausencia de rendición de cuentas por parte de los productores, derivando todo ello en un menor nivel de bienestar para los consumidores, tanto en lo individual como al nivel social.

En consecuencia, para incrementar de manera sostenida el nivel de bienestar de los mexicanos es indispensable que los legisladores, como parte de la reforma del Estado, se aboquen a analizar y modificar o inclusive derogar todas aquellas disposiciones legales que inhiben la competencia. Seguimos la próxima semana.