Acaba de estrenarse en las pantallas españolas Fast Food Nation, la versión cinematográfica del ensayo publicado, bajo el mismo título, por el periodista norteamericano Eric Scholsser en 2002. Después de las feroces campañas emprendidas por los paladines del neo paternalismo contra las bebidas destiladas, el vino, la cerveza, el tabaco, le toca el turno ahora a las cadenas de comida rápida, acusadas de envenenar a los consumidores y de explotar a sus trabajadores. La solución es regular esa industria aunque ello perjudique a los consumidores, a sus empleados y, desde luego, a sus propietarios. Los Burger King, MacDonald´s, etc., simbolizan para la nueva progresía lo peor del capitalismo y la despreciable sociedad de consumo; para los buscadores de rentas, una magnífica ocasión de usar el poder político para obtener recursos.

Los inquisidores “antiburgers” pretenden culpar a esos establecimientos del deterioro de la salud de los ciudadanos y, en concreto, de la extensión de la obesidad. Este intento no se ve respaldado por la opinión pública. Nueve de cada diez americanos se niegan a responsabilizar a las compañías de comida rápida de los problemas de salud derivados de una mala dieta (Gallup, 2003); dos de cada tres consideran que los padres son quienes han de ocuparse de que sus hijos menores de edad tengan una dieta adecuada (AC Nielsen, 2004) y una reciente encuesta de la empresa de investigación Planet Feedback dice que el 84% de los norteamericanos estima que corresponde a los individuos y no al Estado ocuparse de su nutrición. Lo disparatado es que esa elemental expresión de la libertad individual sea cuestionable y/o cuestionada. Sólo faltaría que Papá Estado nos dijese qué debemos comer.

Las cadenas de comida rápida tienen una popularidad creciente en casi todo el mundo. Los precios son bajos, el servicio rápido y los productos conocidos. En buena medida han democratizado el comer fuera de casa. Han hecho posible extender ese fenómeno a todas las capas de la población. Sin embargo, esto no significa que su oferta sea de mala calidad o nociva para la salud. La mayoría de esos restaurantes tienen a disposición de sus clientes información sobre las características nutritivas de sus productos, incluyen opciones de platos bajos en calorías, grasas y sodio etc. En otras palabras es posible mantener en ellos una dieta variada, equilibrada y sana. Aunque no fuese así, que lo es, nadie fuerza a los individuos a acudir a ese tipo de establecimientos. Su éxito sólo es posible porque satisfacen los deseos y preferencias de los consumidores. De lo contrario desaparecerían del mercado y/o se verían obligados a ofrecer otras alternativas a sus potenciales clientes.

¿Quiénes están en contra de las cadenas de comida rápida? No hace falta recurrir a ninguna teoría conspiratoria para detectar a los actores del drama. En primer lugar, numerosos establecimientos tradicionales han visto reducida su clientela y su cuota de mercado por la competencia de los Burger King, McDonald´s etc., en segundo lugar, las experiencias cosechadas de las cruzadas contra las tabaqueras y, en menor medida, contra las alcoholeras enseñan lo lucrativo, en términos económicos, que puede ser iniciar ese tipo de actuaciones; en tercer lugar, el grueso de los trabajos realizados por quienes identifican “comida rápida-obesidad-deterioro de la salud” han sido financiados por la industria que vende artículos, productos y programas dirigidos a perder peso, como ha denunciado y demostrado un demoledor estudio, An Epidemia of Obsesity Myths, editado hace unos meses por The Center For Consumer Freedom.

Por último, cualquier intervención gubernamental en este campo puede causar efectos no esperados y negativos, en especial, para las personas con menores recursos económicos. De entrada imponer impuestos más elevados a los restaurantes de comida rápida incrementaría el precio de sus productos y, por tanto, perjudicaría sobre todo a los individuos con ingresos más bajos. En EE.UU., la carne consumida por los niños pobres en los “burger” es su principal fuente de suministro de hierro, sustancia vital para evitar la anemia como muestra una reciente investigación del profesor Jay Bhattacharya para el Hoover Institute, disponible en el portal de ese “think tank”. Al mismo tiempo, ese tipo de restaurantes constituyen una poderosa fuente de creación de empleo en los países en vías de desarrollo y de integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo de las economías avanzadas. En ambos casos, la acusación de explotación laboral es insostenible. Así, en los estados pobres, los “burger king” pagan a sus empleados un 30% más de lo que lo hacen los establecimientos nativos del mismo sector.

En la lucha emprendida por los “fast food nation” de turno contra las cadenas de comida rápida está en juego, una vez más, la libertad del individuo, su derecho a adoptar de manera responsable las decisiones que estime oportunas, su derecho a vivir como quiera sin invadir la esfera de autonomía de los demás.

*Artículo cortesía de Cato institute para Asuntos Capitales.