El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Francisco Labastida Ochoa amenaza que si en la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal no hay una propuesta para modificar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos para darle viabilidad financiera a esta empresa y asegurar el patrimonio energético de la nación, la bancada del PRI en el Congreso de la Unión no respaldará la reforma fiscal integral.

El Sr. Labastida expuso que la petición obedece, en parte, a la necesidad de castigar los excesos en los que incurrió la administración pasada, “que destinó la mayor parte de los excedentes petroleros al gasto corriente”. Junto con esto, legisladores del PRI, PRD y Convergencia han solicitado a la Secretaría de Hacienda dotar de mayores recursos a PEMEX.

Primero, no es noticia que durante décadas México ha compensado su baja recaudación tributaria con ingresos petroleros, impidiendo la adecuada capitalización de la industria petrolera e influyendo en su rezago: Durante el periodo de 2000 a 2005, la Federación obtuvo en promedio el 70.3% de los ingresos petroleros totales.

Las intenciones de los legisladores de construir un nuevo régimen fiscal a PEMEX son encomiables, sin embargo, esto ya se hizo. Recordemos que los primeros pasos para revertir la situación fiscal de PEMEX fue la modificación de su régimen fiscal, instrumentada por el Congreso en 2005. Esa reforma ha incrementado los ingresos de PEMEX y lo seguirá haciendo en el futuro. Como resultado de ésa modificación legislativa, la participación del Gobierno Federal en los ingresos petroleros pasó de 6.5% del PIB en 2005 a 5.9% en 2006, lo cual significa en un solo año disminuir de 74.4% a 63.1% del total de los ingresos petroleros la aportación que reciben las finanzas públicas de esa fuente. Para 2007 se estima que el Gobierno Federal obtendrá ingresos provenientes del petróleo de 4.3% del PIB y su participación sobre los ingresos petroleros caerá al 57.2%.

La modificación al régimen fiscal de PEMEX ha llevado a que en los dos últimos años la participación que obtiene la Federación de los ingresos por la venta de petróleo haya disminuido en 17.2 puntos porcentuales. Ese primer paso, destinado a fortalecer a esa empresa paraestatal, hace aún más urgente y prioritaria la reforma fiscal, puesto que la disminución en los recursos de la Federación, derivada de una menor participación en los ingresos petroleros, hace más perentorio el plazo y la necesidad de establecer fuentes alternativas de ingresos públicos menos volátiles, de carácter tributario y sostenibles a lo largo del tiempo de acuerdo a los compromisos de gasto público.

Segundo, las declaraciones del Sr. Labastida respecto del gasto corriente del gobierno están definitivamente fuera de lugar. Revise el lector los siguientes datos públicos, que se desprenden de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal:

·         Entre 2000 y 2006 el gasto corriente de todo el Sector Público creció apenas 28.5% en términos reales.

·         El gasto en servicios personales (sueldos y salarios de burócratas) es lo que menos contribuyó a dicha expansión del gasto corriente al aumentar un 11.4% en el mismo periodo.

·         El gasto en sueldos y salarios de la Administración Pública Centralizada (que es el único gasto en servicios personales que el Poder Ejecutivo puede controlar) únicamente se incrementó 4.4% en términos reales entre 2000 y 2006.

¿Por qué seguir insistiendo en el cuento del gasto corriente, cuando se ha comprobado una y otra vez que son falsas las argumentaciones basadas en este tema?

Esos mismos legisladores que se rasgan las vestiduras por el supuesto “incremento” del gasto corriente en el sexenio pasado ¡se aumentaron su gasto en servicios personales en más del 58 por ciento! Hipócritas.

Algo que no dice el senador Labastida es que durante esos mismos seis años el gasto en servicios personales de la paraestatal que tanto dice defender aumentó 30% en términos reales (11.8 mil millones de pesos), incremento que todos sabemos a donde fue a parar.

No hay que irnos lejos, el viernes pasado la Secretaría de la Función Pública inhabilitó durante 10 años al ex director de PEMEX, Muñoz Leos, y al entonces abogado de la paraestatal, Soriano Rosas, por encontrarlos responsables del perjuicio a PEMEX por la cantidad 1,724 millones de pesos originado por el desvío de recursos ni más ni menos que al sindicato petrolero. El cinismo de Muñoz Leos es de antología: “Tuve que cumplir los compromisos adquiridos con la organización sindical para salvar al país del grave riesgo de enfrentar reclamos y el estallido de una huelga por parte del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM)”. ¿Algún legislador del PRI ha cuestionado los millonarios recursos que se desvían a este poderoso sindicato? Ninguno.

Gastos en Servicios Personales del Sector Público

(Miles de millones de pesos de 2006)

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El actual régimen fiscal de PEMEX no debe considerarse como una solución final a los problemas de la paraestatal, por el contrario, debe ser un régimen de transición que permita a futuro lograr la autonomía de gestión y el gobierno corporativo que pretende alcanzar la empresa.

La solución a la problemática de PEMEX no se resuelve con dotarlo de mayores recursos que en su mayoría irán a parar a gasto improductivo, o peor aún, a las arcas del sindicato. Después de conseguir los recursos hay que asegurar su utilización correcta y óptima. Por eso, la secuencia lógica es lograr primero una reforma fiscal –para todo el país- que permita, después, fortalecer más no sólo las finanzas de PEMEX sino revisar a fondo todo el marco de operaciones y el funcionamiento productivo de esa entidad paraestatal.