A veces parece que los políticos piensan en todo menos en los ciudadanos. Esta impresión se ha fortalecido, ciertamente, con el sainete que se armó la semana pasada en torno a la refinanciación de la deuda del Distrito Federal.

No hay duda de que la capital de la república tiene un endeudamiento elevado. En términos nominales, registra la segunda deuda entre las entidades de la federación, después únicamente del estado de México. Se trata de un pasivo que se acumuló con rapidez y sin que los mexicanos nos enteráramos a ciencia cierta de para qué se contrataba.

En 1994, al cerrarse el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno federal absorbió la deuda de la capital. Esto era injusto porque hacía pagar a los contribuyentes de todo el país, incluso de las entidades más necesitadas, la deuda de la entidad más próspera. Pero el hecho es que así se han manejado siempre las finanzas públicas del país.

De cero en 1994, la deuda capitalina empezó a crecer nuevamente con rapidez. Al terminar el trienio de Óscar Espinosa Villarreal, en 1997, la ciudad ya debía 12 mil millones de pesos. Los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles elevaron fuertemente el endeudamiento. Andrés Manuel López Obrador continuó por el mismo camino en un principio; pero después, ya sea por la resistencia del Congreso de la Unión a aprobar más deuda o por una política financiera más sensata, el endeudamiento real empezó a disminuir. Los gobiernos de Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard han continuado con esta tendencia. El total de la deuda ha bajado de 44 mil a 42 mil millones de pesos en los últimos años.

En un momento en que hay una gran liquidez en los mercados financieros internacionales, muchos gobiernos y empresas han aprovechado para refinanciar sus deudas. El gobierno de Marcelo Ebrard quiso aprovechar también esta oportunidad y recurrió a los servicios de Protego, una empresa comandada por el exsecretario de hacienda Pedro Aspe, que se ha ganado fama de hacer muy buenas negociaciones. Y efectivamente, el equipo de Aspe redujo los intereses de la deuda y amplió a 30 años los plazos de pago, que se vencían en buena medida en los próximos cinco años.

Sin embargo, el gobierno federal de Felipe Calderón, que debe autorizar cualquier cambio en la deuda debido al aval que le da al gobierno capitalino frente a los acreedores, dejó pasar el tiempo. Sólo entregó la autorización el 31 de julio a las nueve de la noche, tres horas antes de que venciera el plazo para cerrar el trato. Si bien el gobierno federal lo niega, hay buenas razones para pensar que Los Pinos simplemente quería mandar un mensaje a Ebrard, quien se niega a reconocer al gobierno federal o a aparecer públicamente con el presidente.

Jugar hasta el último momento con la aprobación de la deuda parece innecesario y dañino. Tanto a los ciudadanos capitalinos como al gobierno federal les convenía aceptar la refinanciación. Por supuesto que el gobierno de la ciudad debe ser más transparente y más eficiente en el manejo de su deuda, pero había formas más sutiles de mandar ese mensaje.

El gobierno federal piensa que ha triunfado al dejar en evidencia que el gobierno capitalino no es independiente de la federación y que está obligado a trabajar con ella. Pero, ¿a qué costo? Seguramente Ebrard buscará vengarse de esta pequeña humillación. Y mientras se libran estas batallas, muchos ciudadanos nos preguntamos por qué no podemos tener gobernantes que trabajen para el beneficio de todos sin mantener estas rencillas tan mezquinas.