Insistir en que las reformas estructurales deben diseñarse, e implementarse, sobre una base congruente con los principios de la libertad económica, puede parecer puritano, o peor, dogmático. Sin embargo, los objetivos deben quedar muy claros, de otra forma, una reforma interesante se puede degenerar en una “reformita,” y de paso, dado el resultado, se puede manchar la idea original de llevar a cabo un cambio estructural.

En los 90s, el programa de desincorporación de empresas estatales se llevó a cabo no para aumentar la eficiencia, o expandir la competencia en los sectores, sino para lograr el “fortalecimiento de la rectoría del Estado” en otros sectores estratégicos—whatever that means. La desincorporación se usó (abusó) como mecanismo de recaudación, de ingresos fiscales extraordinarios. Al final del día, este error de razón nos llevó a la crisis bancaria y a una factura varias veces superior a los ingresos obtenidos por el proceso de privatización de bancos.

La palabra “privatización” a partir de entonces es considerada nefasta, igual o peor que su género “neo-liberalismo.” Los esfuerzos por seguir con reformas siempre se topan, y siempre se toparán, con este enorme obstáculo de imagen desprestigiada.

El proyecto de pensiones individualizadas, las famosas Afores, ha generado frutos muy interesantes en el desarrollo de un nuevo mercado financiero. Sin embargo, el énfasis sobre la reforma de entonces como un instrumento de captación de ahorro, más que como un cambio para dotar a los pensionados con derechos de propiedad bien definidos, ha sido fuente de numerosas falacias entre aquellos que se oponen al sistema. Más aun, ha sido la razón principal que varios pensionados ven los recursos de la Afores como propiedad, no de ellos, sino ¡de las Afores!

El sexenio pasado vimos el caso más dramático de presentar una reforma, válida y valiosa, pero por todas las razones equivocadas: la unificación del impuesto al consumo, más bien, al valor agregado. La razón que se presentó fue que con ello habría mayor gasto público disponible en las arcas de la tesorería federal. Esto se interpretó, en el vox populi, como una nueva forma de exprimir al que menos tiene, para beneficio de los integrantes de la alternancia.

Pero la razón real de esta reforma, que sigue vigente hoy en día, es que con ello se daría fin a los privilegios y las injusticias que hoy disfrutan los que más consumen, y por lo mismo, los que más recursos tienen—los famosos regímenes de exención. Con la tasa cero se subsidian, en los alimentos y medicinas, al que menos tiene. Pero también al que más tiene, y en una proporción mucho mayor.

Ahora, estamos en la antesala de atestiguar la aprobación de una “reforma fiscal” que, a todas luces, ha sido presentada como recaudatoria. El riesgo es que si algo sale mal, la culpa se la va a llevar el “flat-tax,” aun cuando las razones que se han presentado son, en su mayoría, sino en su totalidad, contrarias al espíritu que busca una tasa única.

O sea, hacernos la vida fácil, con impuestos bajos y sencillos—por o cual, como un beneficio meramente secundario, elevaría significativamente la recaudación.