Los partidos políticos han demostrado que ellos son los únicos y reales poderes fácticos de nuestro país. Esta semana pasada los senadores de todos los partidos impulsaron una reforma que prohíbe pagar publicidad política, que confisca tres minutos de transmisión por hora a los medios electrónicos para la transmisión de propaganda política, que eleva a nivel constitucional la prohibición de las candidaturas ciudadanas y que destituye a los consejeros del Instituto Federal Electoral.

Los senadores se quejaron mucho de los poderes fácticos, y en particular de la radio y la televisión, pero sin ningún problema emitieron esta ley que unió en su contra a los concesionarios de radio y televisión. Se dieron todavía el lujo de invitar a una reunión de comisiones a representantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión este martes 11 de septiembre, en un acto que fue transmitido en vivo por emisoras de radio y televisión, sólo para proceder inmediatamente después a aprobar el dictamen sin cambios.

Mi opinión personal es que se trata de una mala reforma. Revierte la tendencia a la ciudadanización de la política y de los procesos electorales y les da una mayor fuerza a los partidos políticos. Si bien uno puede coincidir con la decisión de disminuir el gasto electoral, hacerlo expropiando sin indemnizar un tiempo aire que representa el 30 por ciento de los espacios comerciales de las empresas de radio y televisión, las cuales ya pagan impuestos superiores al resto de las empresas, es injusto y confiscatorio.

Los senadores hicieron en el proceso algunos cambios al dictamen que son cuando menos bienvenidos. La redacción original del artículo 41 de la Constitución era confusa y al parecer prohibía la difusión de ideas que pudieran influir sobre la opinión pública. La nueva redacción acota el sentido a la contratación de propaganda electoral por terceros.

La prohibición a terceros de contratar publicidad está hecha a la medida del Consejo Coordinador Empresarial, cuyos anuncios en la campaña del 2006 el PRD considera dañaron a su candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero también afectan a Víctor González Torres, el Doctor Simi, quien lanzó una candidatura independiente y se pagó sus propios gastos electorales.

Por otra parte, la prohibición de candidaturas ciudadanas está dirigida contra personajes como Gónzalez Torres y Jorge Castañeda. Si bien ya existía esta medida, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores, el Cofipe, no estaba en la Constitución, lo cual permitió que un candidato independiente se postulara y ganara una elección municipal en Yucatán este año. Esa puerta hoy se cierra.

La reforma dejó un mal ánimo entre los medios electrónicos y la clase política, que se unió para apoyarla. Y es un ánimo que podrá generar nuevos conflictos. Por lo pronto, en la sesión con los concesionarios del 11 de septiembre el senador perredista Pablo Gómez amenazó a los concesionarios con que podrían venir nuevas medidas contra ellos con la nueva Ley de Radio y Televisión. Y los supuestos poderes fácticos de la radio y la televisión no tienen, de hecho, ninguna posibilidad de defenderse ante el poder real de los políticos.