A medida que muchos jóvenes mexicanos han cruzado la frontera con Estados Unidos en los últimos años en busca de trabajo, se ha vuelto más común en EE.UU. culpar a la política económica mexicana. Incluso muchos de nosotros que miramos con buenos ojos la entrada de nuevos trabajadores para la economía estadounidense también hemos notado que el fracaso del gobierno mexicano a la hora de profundizar en las reformas económicas que comenzó hace casi 20 años ha alentado la inmigración, imponiendo una pesada carga a la sociedad mexicana.

El presidente de México, Felipe Calderón, no desconoce esta realidad. Su plataforma de campaña en las elecciones del año pasado hizo énfasis en el empleo y prometió llevar a cabo los cambios necesarios para generarlo.

Desafortunadamente, el Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece Calderón, cuenta con tan solo una minoría en el Congreso y, a juzgar por las "reformas" aprobadas la semana pasada, su visión de un México modernizado aún tiene un largo camino que recorrer.

El que la reforma tributaria no cumpla con las expectativas de la agenda procrecimiento que Calderón prometió ya es, de por sí, bastante negativo. Para agravar aún más las cosas, los partidos de oposición condicionaron su aprobación a una "reforma electoral" tremendamente politizada y una exención de impuestos sin compromisos para el monopolio estatal petrolero Pemex. Si hay una lección que se puede desprender de esta última lucha entre los modernizadores y la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es que no paga ser tímido cuando se tiene que enfrentar a los dinosaurios.

Calderón ha escogido sus peleas cuidadosamente durante su primer año en el poder. Su mayor logro hasta el momento es la reforma del sistema de pensiones del sector público, una medida que a mediano plazo eliminará las obligaciones de este gran programa del presupuesto del país.

Con una victoria a su haber, Calderón intentó en los meses pasados introducir una reforma tributaria orientada a cerrar los déficits de ingresos. Un mejor curso de acción, tomando en cuenta que el barril de petróleo supera los US$80, hubiese sido la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera. Sin embargo, esto habría ido en contra del dogma que reza que Pemex, el ineficiente monopolio petrolero estatal es sagrado. Aparentemente, Calderón ha decidido que, por ahora, no cuestionará ese tabú.

En cambio enfiló sus baterías contra el productivo sector privado de la economía, en donde se sabe que al menos algunas de las grandes compañías se aprovechan de un complejo régimen tributario lleno de exenciones, para hacerle el quite a los impuestos. Esta elección no ha rendido frutos.

Tal como lo mencioné en una columna anterior, el ministro de Hacienda, Agustín Carstens, un ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, decidió no alentar el crecimiento a través de menores tasas de impuestos a las empresas y una mayor simplificación. En cambio, diseñó un plan para crear un impuesto mínimo alternativo corporativo. La propuesta elevó el costo de los trabajadores en ciertas partes de la fuerza laboral y complicó el código.

En un correo electrónico que recibí de la oficina en México de una gran firma multinacional de inversión se insistía en que el plan no estaba sesgado en contra de los trabajadores calificados. Esa conclusión implica que la propuesta de la Secretaría de Hacienda era tan complicada que incluso algunos expertos mexicanos no la podían entender. John A. McLees, socio tributario del bufete Baker McKenzie, colaboró con su contraparte mexicana en Tijuana en un estudio que argumentaba convincentemente que la propuesta subió el costo laboral para los salarios que oscilan entre US$15.000 y US$35.000 al año (US$1.250 y US$2.910 al mes), es decir, los sueldos medios en México. Cuando los trabajadores cuestan más, las compañías contratan menos. Para un presidente cuya candidatura se basó en el empleo, esto es una decepción.

Si el impuesto mínimo alternativo será, como algunos han especulado, un paso hacia el objetivo de establecer un único impuesto bajo, pocas personas parecen creer en el. La mayoría de las empresas lo ven como un aumento de los impuestos y pocos parecen confiar en que un nuevo tributo, una vez que sea implementado, sea abolido posteriormente.

Por lo tanto el gobierno, al que generalmente se le considera como un defensor del libre mercado, se quedó sin el apoyo de sus aliados naturales en sus negociaciones con el Congreso. Mientras tanto, algunos de los peores elementos del pasado corporativista de México se prepararon para cobrar un precio muy caro a cambio de su apoyo.

La ley que finalmente fue aprobada la semana pasada establece el impuesto mínimo alternativo en 16,5% incrementándolo a 17,5% en tres años. Esas tasas son más bajas de lo que originalmente se había propuesto y la carga sobre los trabajadores se redujo significativamente. El gobierno proyecta un incremento en los ingresos de 100.000 millones de pesos, unos US$9.000 millones, que serán usados en inversiones en infraestructura y programas sociales para los más pobres. Pero nadie espera que esto estimule el crecimiento. La Secretaría de Hacienda predice que, sin esta reforma, México habría crecido un 3,5% en 2008 y que con la reforma crecerá un 3,7%, lo que sigue siendo una tasa anémica para un país en desarrollo.

Lo que aún se desconoce es cómo los cambios tributarios afectarán las decisiones de inversión. Algunos expertos ya han advertido que para los inversionistas estadounidenses pagar el impuesto mínimo alternativo podría implicar un doble tributo debido a que no es un impuesto a los ingresos y el tratado tributario con EE.UU. sólo cubre los impuestos a los ingresos.

Como parte de la negociación con el Congreso, la oposición del PRI forzó al gobierno a otorgar a Pemex lo que equivale a una exención tributaria anual de 30.000 millones de pesos, que crecerá a 60.000 millones de pesos para 2010. Un negociador reformista habría pedido algo a cambio. Pemex es altamente ineficiente y es poco probable que mejore sin competencia. Ya que no existe ninguna estipulación en la constitución mexicana que le dé a Pemex el derecho al monopolio que posee sobre el comercio de productos derivados, como petroquímicos y gasolina, la competencia podría entrar sin necesidad de una enmienda constitucional. Esta también era una oportunidad para forzar una reforma en el quebrado plan de pensiones de la compañía.

El gobierno también tuvo que ceder mucho terreno en la reforma electoral. Accedió a despedir a Luis Carlos Ugalde, el director del supuestamente independiente Instituto Federal Electoral (IFE), y a toda la junta. El izquierdista Partido de la Revolución Democrática quería esto para deslegitimar la victoria de Calderón. Los dinosaurios del PRI lo exigían para obtener venganza en contra de algunos rivales políticos que trabajaron con el ex presidente Vicente Fox para nombrar a Ugalde. Ahora tienen voz a la hora de nombrar a sus nominados a la junta. La negociación también aumentó las restricciones al uso de la propaganda política en TV y radio, prohibiendo la publicidad "negativa", la cual será juzgada subjetivamente, y prohibiendo anuncios hechos por el sector privado. En otras palabras, la libertad de expresión fue golpeada por esta reforma y la junta del IFE fue politizada. Ahora la única esperanza de que se derrote esta enmienda constitucional es que más de la mitad de los estados mexicanos se niegue a aprobarla.

Si no es así, Calderón habrá conseguido su reforma fiscal diluida, pero a un costo muy alto. Los mexicanos deben mantener la esperanza de que él comience a pensar en grande y con más audacia. Estos intentos de reformas a medias sólo van a conseguir que los dinosaurios se lo coman vivo.

*Artículo del Wall Street Journal, reproducido con autorización de Cato Institute.