El Econoclasta
Sep 21, 2007
Isaac Katz

Regulación y Desempleo

De entre las 32 entidades federativas, el D.F. es aquella en la cual la incidencia de corrupción es la más alta de todo el país. Décadas de un sistema gubernamental basado en el corporativismo priista, acrecentado y perfeccionado durante los años de gobierno perredista, particularmente durante el periodo del Sr. López, han hecho que el Distrito Federal sea una entidad que está, en términos de crecimiento económico, prácticamente paralizada y no, como afirma el eslogan del gobierno, una que esté en movimiento salvo, claro está, si hablamos de los paseos ciclistas de Ebrard.

Con base en la encuesta sobre la percepción de corrupción que elabora Transparencia Internacional, México es un país caracterizado por una altísima incidencia de corrupción, la cual se deriva en gran medida por el excesivo e ineficiente marco regulatorio al cual se enfrentan los agentes económicos privados, siendo éste uno de los elementos más significativos para explicar la baja tasa de crecimiento económico experimentada en los últimos años.

 

Lo anterior es extensivo a cada una de las entidades que componen la República Mexicana, aunque obviamente hay unos gobiernos estatales y municipales más corruptos que otros. Destaca, sin embargo, el Distrito Federal. Así, de acuerdo con Transparencia Mexicana, de entre las 32 entidades federativas, el D.F. es aquella en la cual la incidencia de corrupción es la más alta de todo el país. Décadas de un sistema gubernamental basado en el corporativismo priista, acrecentado y perfeccionado durante los años de gobierno perredista, particularmente durante el periodo del Sr. López, han hecho que el Distrito Federal sea una entidad que está, en términos de crecimiento económico, prácticamente paralizada y no, como afirma el eslogan del gobierno, una que esté en movimiento salvo, claro está, si hablamos de los paseos ciclistas de Ebrard. Una regulación ineficiente y excesiva que le permite a los burócratas defeños apropiarse para sí de una parte de los ingresos de las familias así como de parte del flujo de utilidades de las empresas se traducen en notable desincentivo a la inversión y al crecimiento económico y de allí que el D. F. sea de las entidades que crecen significativamente por debajo del promedio nacional y que tenga, en consecuencia, una de las tasas de desempleo más altas del país, con todo y que su población ha estado prácticamente constante en los últimos lustros.

 

Ante esta situación, la propuesta de Ebrard de crear en el D. F. un seguro de desempleo es una decisión errónea de política pública. En primer lugar, estaría financiando un gasto que en principio sería permanente con un ingreso transitorio derivado del “ahorro” de intereses sobre la deuda pública, más aun cuando supuestamente estos recursos iban a ser utilizados para renovar y ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad. En segundo lugar, como prácticamente todo seguro de desempleo en el mundo, éste tiende a generar un aumento permanente en la tasa media de desempleo, tal como se observa en las economías europeas, lo que podría presionar en el futuro y con mayor incidencia a las finanzas públicas locales, por lo que no es la solución.

 

Si Ebrard quisiera que la economía local creciera a una mayor tasa y se redujera el desempleo, lo correcto sería reducir de manera significativa la carga regulatoria y la corrupción que impera en el D.F., hecho que haría a esta entidad más atractiva para la inversión privada. La pregunta es si está dispuesto a “patear el pesebre” y quitarle a la burocracia que lo apoya políticamente la capacidad de que sigan extorsionando a las empresas y a las familias. Si a la historia perredista nos remontamos la respuesta es no, no lo hará.



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Una tendencia lamentable en el desarrollo de la ciencia económica en las últimas décadas ha sido el considerar al Estado y no al emprendedor como el actor principal del proceso económico.

Rafael Ramírez de Alba
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