Las dos reformas negociadas por la actual administración (fiscal y electoral) son un reflejo, según la sabiduría convencional, que sí se pueden construir puntos de consenso mínimo entre el ejecutivo y el legislativo, y con ello neutralizar el mal que paralizó a la  administración anterior en inacción estructural.

Sí, pero la interrogante obligada es ¿a qué precio? La reforma electoral, si bien es un paso adelante en limitar el poder de los medios en el proceso político, alcanzó su meta a costas de lesionar dos instituciones políticas fundamentales—la libertad de expresión, y la autonomía de las autoridades electorales.

Quizás, como especula el semanario The Economist en su editorial al respecto, esta situación de riesgo institucional sea salvable, ya sea con candados adicionales en el futuro, o el nombramiento de un grupo non plus ultra de nuevas autoridades. Pero la medida está sentando un antecedente muy peligroso, sobre todo cuando se trata de una de las entidades autónomas de mayor credibilidad popular, aun con los problemas que se desataron a raíz del conflicto post-electoral en el 2006.

No es distante pensar: si logramos aprobar la reforma energética, o la reforma del mercado laboral o cualquier otro cambio estructural pendiente, ¿será a expensas de otras cabezas o de otras instituciones, por ejemplo, el banco central?

El medio no justifica el fin—sobre todo cuando el fin alcanzado implica una gran brecha entre lo posible y lo deseable, como es el caso de la reforma fiscal. Ahora, como en el pasado, vamos a requerir una nueva reforma en el futuro para corregir los errores, o las omisiones, de esta reforma (¿reformita?) fiscal. Habrá más gasto, y de hecho ya hay toda una campaña mercadológica de reforma hacendaria para los que menos tienen, aun cuando las autoridades saben muy bien que el patrón de 1990 a la fecha sugiere que a mayor gasto “social,” menor el beneficio de ese gasto para las familias que menos tienen, o sea, mayor el costo de intermediación burocrática.

Los regímenes de exención siguen vivos, y con ello, los incentivos perversos para evitar, eludir y evadir. El fin de una reforma fiscal debe ser facilitarle la vida al agente que se arriesga, que emprende, al trabajador que labora, que desquita su salario. No es, ni debe ser, fortalecer las arcas de una entidad que ha mostrado, en su arqueología presupuestal, que no puede ni debe planear, orientar y conducir nuestras actividades, y que cuando gasta el recurso público, que es del público, lo hace muy mal.

El tema de la unificación del IVA es impostergable. O que se quite el impuesto de una vez por todas, o dejemos la hipocresía que ayudamos a los que menos tienen con una tasa cero en alimentos y medicinas. El efecto real es exactamente el contrario, ya que los que menos tienen acaban subsidiando el privilegio fiscal de los que más gastan (es decir, los que más tienen) en esos productos.

Mejor sería adelantar el beneficio de la unificación tributaria en el impuesto al valor agregado a las familias más necesitadas—bajo el esquema, digamos, de un impuesto negativo que tanto hemos comentado en este espacio.

Entre tanto, salieron las reformas—pero a un costo potencialmente incalculable, en el peor sentido de esa palabra.